Desde la Asociación de l’Esquerra del Eixample denunciaron el pasado lunes en una rueda de prensa que la superilla Eixample podría convertirse en un epicentro más de bares y ruido, tal como pasó hace mucho de tiempo con la calle d’Enric Granados. Avisaron, entre otros, que algunas terrazas hacían más uso del espacio público del cual podían hacer. Algunos establecimientos, incluso, hacían «terrazas improvisadas» allí donde no había. Según dijeron los vecinos, el Ayuntamiento no estaba siendo bastante duro con los incumplimientos de algunas terrazas que habían ganado espacio en la calle.
Para mejorar esta situación, este lunes se empezarán las tareas necesarias para marcar en el suelo el espacio de la calle que cada bar o restaurante puede ocupar con su terraza. Dos días después, este miércoles, la iniciativa se acabará de materializar cuando se coloquen piezas metálicas en el suelo que delimitarán el espacio de cada terraza. La acción se hace en el marco del plan de choque contra el ruido nocturno en el Eixample y, de entrada, está previsto impulsarla a los esos verdes de las calles de Girona, Comte Borrell, Rocafort y Consell de Cent.
La convivencia con la actividad nocturna
Más allá del espacio que ocupan las terrazas, desde la entidad vecinal hablaron el pasado lunes de los problemas de ruido que ya estaban viviendo en las nuevas zonas pacificadas y que su intención era abordarlos en una reunión con el regidor del distrito del Eixample, Jordi Valls. Subrayaron que hacían falta medidas hacer frenar la actividad nocturna en estos puntos del Eixample. “Hemos tenido días mucho bestias, de gente a las dos de la madrugada haciendo alboroto, bebidos… Puedes aguantarlo un día de fiesta mayor, pero no cada día”, dijo Riu.
Esto no es todo. “Hay heladerías que tienen gente delante, en la calle, a las doce de la noche y muchas personas se sientan en las sillas de las terrazas cuando el bar ya está cerrado. La normativa no dice en ninguna parte que las sillas puedan quedarse fuera”, insistió el vecino del Eixample. En este sentido, denunció la “pobre capacidad de la administración para regular, inspeccionar y sancionar las malas prácticas”.
