El Gobierno de la Generalitat ha activado la excepcionalidad por sequía en 23 municipios catalanes y avisa que es «inevitable» que Barcelona y otras ciudades del área metropolitana entren en esta misma fase antes de acabar el año. La idea era que esta fase se activara el próximo diciembre, pero los «pésimos» resultados que han dejado septiembre y octubre en materia de lluvia hace pensar que esta fecha podría avanzarse, según ha indicado esta mañana el director de la Agencia Catalana del Agua, Samuel Reyes.
El director del ACA ha pedido a la ciudadanía que haga un uso responsable y a la vez que se ayude los ayuntamientos a captar aguas subterráneas. Según ha indicado Reyes, el sistema Ter-Llobregat –que alimenta Barcelona– registra 125 hectómetros y la emergencia se activaría si esta red llega a los 100 hectómetros. Si durante las próximas semanas la red consigue mantener esta diferencia, el ACA mantendrá la fase de excepcionalidad. Ahora bien, el pronóstico para noviembre, diciembre y enero es más bien el contrario y el volumen de agua continuará bajando.
Ante esta situación crítica, Aigües de Barcelona ya ha empezado las pruebas para ver que pasaría en caso de que la situación no mejore, hecho que ha destacado Reyes. «Es muy importante hacer las pruebas de reducciones de presión», ha apuntado en rueda de prensa. Reyes también ha remarcado que es mejor empezar por bajar la presión en los hogares antes de empezar con cortes de agua para paliar los efectos de la sequía.
¿Qué implicaría la fase de emergencia?
La fase de emergencia incorpora las medidas obligadas en las anteriores etapas. En este sentido, en Barcelona ya se está regando con agua freática y se ha retirado el agua de las fuentes ornamentales, por ejemplo. La nueva situación incorporaría nuevas limitaciones, como un volumen máximo de agua por habitante y día (180 litros/habitante/día) o la prohibición total de cualquier piscina que no se llena con agua de mar. También se prohibiría la limpieza de cualquier tipo de vehículo, la limpieza con agua potable de las calles y la prohibición de regar jardines y zonas verdes, tanto de carácter público como privado.
