El circuito de atención a las violencias sexuales en Barcelona está llegando a su límite de capacidad. Así lo alerta la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que en su último informe monográfico presentado este martes asegura que el aumento de las denuncias y revelaciones de casos está saturando los servicios en este ámbito que se prestan en la ciudad. El estudio Los servicios de atención a las violencias sexuales en la ciudad de Barcelona considera que donde hay un «gran margen de mejora» es en el abordaje de los episodios de violencia no reciente, que son los mayoritarios y no tienen un curso específico dentro de la red. Para revertir esta situación, el organismo propone establecer un recurso de referencia para tratar estos casos que permita derivarlos después a las diferentes entidades y servicios.
«Evaluar la atención a este tipo de violencia es difícil porque una cosa es la asistencia sanitaria y otra la social y las de las entidades. El acompañamiento va mucho más allá y también vemos que, cuanto más pasa el tiempo, más revictimización», ha subrayado el síndico David Bondia, quien precisa que la mayoría de las personas atendidas por los servicios no han vivido la violencia sexual de forma reciente, sino que han transcurrido cerca de tres años desde el incidente. Uno de los datos más preocupantes que señala el informe es que el tiempo que pasa desde la primera aproximación al servicio hasta el primer tratamiento o asistencia es de tres meses y medio de media. «Esto es muy superior al ideal. Consideramos que es excesivo y habría que analizar los motivos por los cuales es así», ha remarcado Bondia.
Eternización de la urgencia y más recursos
El análisis de la sindicatura también ha constatado «carencias importantes» en los servicios residenciales de la red con estancias demasiado largas en recursos de urgencia, donde casi se multiplica por cinco el tiempo máximo recomendado. «No puede ser que estos servicios se alarguen en el tiempo porque no tenemos otros disponibles», ha rematado el síndico. A esta disfunción se añade una falta de coordinación entre los diferentes grados de atención -sanitaria, social y entidades- que provoca una revictimización de las personas afectadas y una falta de seguimiento de las derivaciones que se hacen a otros servicios. Todo ello se traduce en otro dato bastante preocupante: un tercio de los ciudadanos atendidos por violencias sexuales acaba desvinculándose de la red. Esto se explica por diversos factores, como la falta de necesidades básicas cubiertas, que hace que no sea prioritario continuar con el tratamiento; la falta de capacidad para afrontar las consecuencias de esta atención; la presencia del centro muy lejos del domicilio o la falta de vínculo con los profesionales.
En el caso de los trabajadores de estos servicios, el organismo pide mejorar la dotación y recursos destinados, asegurando una estabilidad laboral que acabe con la rotación excesiva actual. De media, la permanencia en un mismo trabajo o puesto es de seis meses a un año, hecho que tiene consecuencias tanto en los empleados como en las víctimas. «Muchas veces acaban desarrollando tareas que no les corresponden. Hemos aumentado las personas atendidas sin un aumento de los recursos y el personal, que acaba quemándose […] Tampoco hay espacios de autocuidado donde poder manifestar situaciones que generan un impacto emocional tan importante y poder corregirlas», ha insistido Bondia.
Entre las recomendaciones que la sindicatura traslada al Ayuntamiento de Barcelona destacan la clarificación del circuito de atención y la definición de lo que entendemos como violencia sexual, yendo más allá de lo que dice el código penal; unificar los criterios de recolección de datos para saber los motivos de desvinculación y poder hacer un seguimiento de las derivaciones; reforzar la formación de los equipos profesionales y asegurar el logro de unos conocimientos especializados y estudiar la creación de categorías profesionales específicas para atender a víctimas de violencias sexuales.
