El gobierno municipal de Barcelona no ha querido aclarar cuál será su postura respecto al futuro de la comisaría de Via Laietana. El ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha confirmado que la comisaría se convertirá en un espacio de memoria el próximo julio, pero se ha negado a reubicar a la Policía Nacional, que tiene su sede central en Cataluña. Una declaración que respalda el Gobierno de la Generalitat. En sede parlamentaria, el consejero de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, dejó «meridianamente claro» que la Policía Nacional es «una policía democrática».
Falta por saber qué piensa defender el ejecutivo de Jaume Collboni, que ha evitado pronunciarse a pesar de la insistencia del concejal de los Comunes, Jordi Rabassa. «Desde el Ayuntamiento trabajamos y entendemos que el futuro de los usos del edificio debe decidirse entre todas las administraciones», se ha limitado a decir la concejala de gobierno Raquel Gil. «Ya sabemos que se deberá decidir entre todas las administraciones, le pedimos saber cuál será su propuesta», ha respondido, sin obtener respuesta, Rabassa.
Larga lucha de las entidades
El compromiso de resignificar la comisaría en un espacio de memoria ha sido celebrado por las entidades y grupos como Junts, ERC o los Comunes, que desde hace años lo solicitan al Estado, pero ha sido una victoria incompleta. Entidades y víctimas del franquismo insisten en que ningún cuerpo policial puede desarrollar su labor en uno de los edificios donde más torturas se llevaron a cabo.
La comisaría de Via Laietana es propiedad del Ministerio del Interior, quien tiene la última palabra. En todo caso, Espadaler ha reconocido que hay reuniones entre el gobierno catalán y español para hacer efectivo el espacio de memoria y también ha adelantado futuros encuentros con el Ayuntamiento de Barcelona. La concejala Gil no ha dado más detalles de estas conversaciones en la sesión plenaria de este viernes.
