La situación complicada del acceso a la vivienda en Barcelona es uno de los temas estrella de la ciudad. Impacta con pocas excepciones en toda la sociedad, como lo prueba la gran diversidad de casos llenos de precariedad o de irregularidades que se producen cada día. Uno de estos casos tiene como escenario el número 20 de la calle de Nou Sant Francesc, en el barrio Gòtic. Aquí viven 14 personas que el Arzobispado de Barcelona, la propiedad de la finca, quiere desahuciar. Desde Resistim al Gòtic explicaron a principios de mes al TOT Barcelona que el último aviso de desahucio, programado para el 6 de noviembre, llegó después de que el Arzobispado decidiera de manera unilateral romper las negociaciones. “Hasta hace unos meses, el procedimiento judicial estaba parado por un proceso de negociación entre las vecinas organizadas, el Ayuntamiento y el Arzobispado, ¡pero la propiedad lo ha reactivado sin aviso!”, señalaban entonces. La presión vecinal consiguió que el consistorio acordara con la propiedad suspender el lanzamiento tres días antes. Pero los inquilinos no quieren que esto suponga programarlo para más adelante. Se quieren quedar pagando un alquiler social.
Sin alternativa
Los vecinos de la finca se encuentran en esta situación porque cuando entraron a vivir había tres personas que estaban en el contrato y les alquilaban habitaciones. El problema es que no pagaban a la propiedad y se desconoce qué llegaron a hacer con el dinero. Uno de estos inquilinos, Raúl, recuerda al TOT que estuvo pagando durante dos años y que un día, de repente, desaparecieron. Otro, Gabriel, indica al TOT que una vez pidieron al administrador de la finca escribir un nuevo contrato de alquiler, pero no quiso. Por su parte, Matias informa al TOT que todos ellos piden ahora un alquiler social porque la mayoría son músicos de calle y cuentan con el permiso municipal correspondiente, pero que no tienen contratos de trabajo para poder alquilar un piso en condiciones normales. También insiste que quieren dejar de preguntarse si los desahuciarán y que harán si acaba pasando. “No tenemos alternativa residencial, y esto se complica todavía más en invierno. ¿Qué podemos hacer?”, dice.
Estos vecinos no solo quieren permanecer en el número 20 de la calle de Nou de Sant Francesc para continuar viviendo del mismo modo que han hecho en los últimos años, también para compartir su proyecto con el vecindario: Sonora Social, que consiste en hacer actividades gratuitas abiertas al barrio, como conciertos y talleres de música, danza y yoga, entre otros. Su intención es hacerlo en el teatro que hay en el primer piso de la misma finca, que está cerrado al público y en estado de abandono desde hace años. Abrirlo al público y darle una segunda vida permitiría desarrollar Sonora Social y dar otro equipamiento a un barrio que tiene pocos y que tiene cada vez menos vida vecinal. “Es una lástima tener un teatro así sin usarlo, con toda la necesidad cultural y vecinal que hay en un barrio vendido al turismo. Se han perdido muchos espacios para el vecindario”, recalca en Matias. “Sonora Social, además, sería una manera de devolver en la ciudad el buen trato que nos ha dado siempre”, añade.
La vinculación de estos músicos con El Gòtic y la ciudad va más allá de Sonora Social. Gabriel explica que han ofrecido conciertos en diferentes fiestas de barrio y de la ciudad, como la Mercè. A pesar de que le encanta regalar esta parte de ellos a la sociedad, critica que la misma que pide su música, después no les garantiza unos mínimos para vivir. “Cuando la ciudad se viste de gala, nos contratan. Pero hay un error estructural: los músicos de calle no tenemos un contrato, no podemos jubilarnos y no podemos pedir una baja. Es una gran contradicción”, avisa.
Sin cédula de habitabilidad
En cuanto a las negociaciones que estos vecinos tienen con el Arzobispado, de momento, no prosperan como querrían. Raúl indica que la propiedad insiste en continuar con el proceso de desahucio porque, según dice, el edificio «no cumple con la normativa vigente». Desde el punto de vista de otro inquilino, Orbe, es extraño que ahora diga que “no hay cédula de habitabilidad” y que no hubiera hecho ninguna referencia al tema antes de que se iniciara el proceso de desahucio. En este sentido, insiste que en caso de que esto fuera verdad, harían los esfuerzos necesarios para hacer las reformas pertinentes en el edificio y hacerlo habitable. “El Arzobispado es en teoría una institución benevolente que tiene una gran cantidad de inmuebles vacíos. Si está preocupado por nuestra integridad física, podría alquilarnos otra finca”, añade. Por su parte, el Ayuntamiento no muestra intenciones de intervenir a favor de los vecinos. Tal como admiten fuentes municipales en declaraciones al TOT, «no hay ningún proceso de negociación» entre el Arzobispado, el consistorio y los vecinos. «El Ayuntamiento no considera comprar o alquilar el inmueble», recalcan.
Resistim al Gòtic hace tiempo que apoya a estos vecinos y piden al Arzobispado que se les dé una solución. “No puede ser que uno de los grandes propietarios de viviendas del Estado, la iglesia, tenga tantos edificios vacíos y quiera desahuciar a 14 personas vulnerables a las puertas de Navidad”, señalan al TOT fuentes de la asamblea de vivienda. Por otro lado, insisten que hace falta que el actual gobierno municipal continúe negociando del mismo modo que hacía el anterior. En este sentido, dicen que “no puede ser” que se desvincule del tema y que se limite a defender que “es un problema entre la propiedad y los locatarios”, como dijo el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle. “El Ayuntamiento tiene que negociar, tiene que hacer de mediador y tiene que garantizar que los vecinos no se queden en la calle. Nosotros no queremos perder más vecinos en el barrio”, subrayan.
