Puerto de Barcelona, Guardia Civil experto en contrabando y finanzas, un grupo de fieles, matrimonios bien avenidos, vendedores chinos de tabaco de estraperlo y cafeterías de barrio y un frankfurt que ingresan millones de euros y hipotecas que se amortizan más rápidamente en un pim-pam. Todo esto son los ingredientes de un juicio extraordinario que se iniciará el lunes en la sección tercera de la Audiencia de Barcelona, y que se prevé que se alargue durante cinco días.
Es el caso Josapan y constituye una especie de spin-off, de un juicio anterior, del año 2019, que terminó con condenas de conformidad, es decir, acordadas con el ministerio fiscal por asociación ilícita, hurto continuado y agravado, contrabando continuado y falsificación de efectos timbrados. Cinco procesados deben sentarse en el banquillo de los acusados y se enfrentan a penas de hasta 7 años y medio de prisión y multas de 23 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales del artículo 302 del Código Penal. De hecho, según razona la fiscalía de Barcelona, todos participaron en un «elaborado entramado» para blanquear los extraordinarios ingresos económicos que les proporcionaron las actividades por las que fueron condenados en 2019.
Millones de euros en ingresos en diversas entidades bancarias, compras de viviendas, locales y aparcamientos, valores bursátiles, o aprovechando el sistema de módulos para pagar a Hacienda como cualquier autónomo. Aunque estuvieron años haciendo girar una rueda cuidadosa para, supuestamente, blanquear el dinero conseguido de su actividad delictiva en el Puerto, en uno de los registros ordenados en la instrucción todavía llegaron a encontrar fue de 5.230.960 euros cuando ya habían introducido como mínimo en el mercado casi 9,2 millones de euros.
La mina de los contenedores
El escrito de acusación de la fiscalía, al que ha tenido acceso El Món, sitúa el origen de los hechos entre los años 2009 y 2010, cuando un guardia civil adscrito y en servicio en el Puerto de Barcelona, que ya ha fallecido, y cuatro personas relacionadas también con el Puerto, «estructuraron una organización» para «obtener beneficios ilícitos».
Según relata, la sentencia que condenó los hechos y los actuales acusados, de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, de 30 de junio de 2019, todos «orquestaron una trama previamente diseñada para, de manera sistemática, sustraer mercancía valiosa de los contenedores que llegaban a Barcelona».
Incluso, llegaron a profesionalizarse tanto en sus tareas que eran contratados por terceras organizaciones para vaciar mercancía de contrabando, antes de pasar los controles de aduanas, que se encontraba en contenedores. Por ejemplo, tuvieron una beneficiosa línea de trabajo con el tabaco de contrabando que, recogían antes de los controles y se ponía en el mercado negro o se enviaba a otros países.
Una operativa profesional
Este grupo, liderado por el guardia civil, recibía «normalmente de contactos chinos o por testaferros de otras organizaciones», información concreta de contenedores que requerían los servicios del clan. O bien, para sustraer las mercancías que había dentro antes de una revisión aduanera, o bien, porque la carga que transportaba era muy valiosa y podía reportar bastantes beneficios en su venta en el mercado negro. El sargento de la guardia civil informaba del día que llegaría el contenedor y si estaba previsto o no su control de aduanas. Una información privilegiada que permitía a los miembros de la organización preparar el plan de actuación más eficaz.
El contenedor salía por la «zona de vacíos», con la connivencia del cuerpo de vigilancia de la Guardia Civil, y se llevaba a alguna de las naves preparadas para hacer los vaciados. En estas instalaciones se abría el contenedor «se extraía o se apropiaban de la mercancía» y se rellenaba el contenedor con otros materiales de peso similar, como sillas o mesas, que venían con el soporte de los albaranes de transporte de los camiones. También se llenaban los contenedores con agua y arena cuando la única tarea era apropiarse del contenido que se consideraba «valioso» y que no venía ordenado por ningún «cliente» extranjero. El contenedor después retornaba a la zona del TERCAT, es decir, la terminal de almacenamiento y carga.
¿Qué hacer con el dinero?
La investigación del caso, profusa y muy detallada, llevó a una segunda derivada después de que los acusados se conformaran con la pena pactada con la fiscalía por contrabando, hurto, falsificación y organización criminal. En detalle, ¿qué hacer y dónde fue a parar la gran cantidad de dinero que ingresó esta cuadrilla en sus tiempos de buenos negocios? Los miembros del Cuerpo de Vigilancia Aduanera, con la ayuda de la oficina del Juzgado de Instrucción número dos de Barcelona, pudieron seguir el rastro y la trazabilidad de la actividad económica y financiera de los acusados.
Un verdadero curso de ingeniería financiera basado en lo que en el argot se conoce como «capitalismo popular». Además, el grupo fue perfeccionando su técnica para blanquear los virtuales millones que habrían conseguido con su actividad en el Puerto. Según el sumario del caso, se pueden distinguir dos etapas en el blanqueo que llegó a conectar desde negocios de hostelería, falsos préstamos, inversiones bursátiles o ventas y compras en efectivo. Todo entre el año 2010 hasta el 2020.
En primer término, arrendar una cafetería en Barcelona, aunque la titular del negocio es peluquera, y darla de alta en el sistema de módulos, es decir, un sistema que permite pagar de manera lineal un cálculo fijo de IRPF e IVA, de acuerdo con una estimación objetiva. Por tanto, haciendo ver que eran ingresos de la cafetería ingresaron en nueve años, en una cuenta corriente, hasta 1.682.616 euros en efectivo en pequeñas imposiciones. Además, pagaban también pagaban en efectivo hasta 337.000 euros a «proveedores» de la cafetería. A todo esto hay que añadir una compra de una vivienda de 480.000 euros amortizando con una rapidez extraordinaria la hipoteca y pagando en efectivo buena parte del inmueble.
Más sofisticación
Pero aún tenían más dinero, hipotéticamente, y siempre según el relato de la investigación, para blanquear. De ahí que abrieran otro negocio de hostelería, en este caso un Frankfurt, y posteriormente la empresa Josapan, que servía de entidad madre para hacer negocios que supuestamente reportaban dinero en efectivo que ingresaban en cuentas corrientes normales. Incluso, los investigadores sospechan que con el dinero obtenido de su actividad delictiva en el Puerto pagaron las indemnizaciones de cien mil euros ordenadas por la Audiencia de Barcelona a raíz de la condena.
A partir de aquí comienzan a crear una red de cuentas corrientes donde iban ingresando cantidades de dinero en efectivo que, en principio, provenían de la actividad de los negocios de restauración, de supuestas ventas o de retornos de préstamos a conocidos, como un crédito de 30.000 euros a su gestor. En definitiva, para la fiscalía, todas las actuaciones integraban un «plan criminal» para introducir «en el mercado económico» el dinero obtenido en sus fechorías en el Puerto. En total, la fiscalía calcula que habrían blanqueado «como mínimo» hasta 9.196.859 euros. A pesar de ello, en los registros en los domicilios todavía fueron confiscados 5.230.960 euros, en billetes de 50, 100 y 200 euros en maletas y cajas fuertes, relojes de lujo, escrituras de diversas propiedades inmobiliarias, certificados de seguros de vida, relojes de alta gama.
