El acuerdo entre Junts y el PSOE para la delegación de las competencias en materia migratoria ha abierto una nueva ventana de oportunidad a las entidades que abogan por el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, al que consideran una «cárcel de extranjeros». Hasta ahora, la gestión de este centro recaía en la Policía Nacional, que depende del gobierno español, pero ahora pasará a manos de la Generalitat de Catalunya. Al menos, esa es la voluntad del acuerdo, que se ha presentado en formato de ley y, por tanto, aún debe pasar la aprobación del Congreso de los Diputados. Es solo un primer paso que, ciertamente, deja en el aire algunas dudas. Por ejemplo, cómo se gestionará el control judicial del centro, que sigue siendo competencia del Estado, o si la Generalitat podrá decidir su cierre sin la aprobación del gobierno español.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha sido el más claro. “Ahora lo podremos decidir, antes no”. En una entrevista en RAC1, el ‘juntaire’ ha pedido “mirar cuál es la propuesta de Cataluña, que debe adecuarse al respeto a los derechos humanos y las libertades”. Carles Puigdemont también ha denunciado la “situación humanamente inaceptable” de los CIE y ha insinuado que hace falta un “replanteamiento integral”. Desde Junts defienden que “Cataluña podrá decidir” sobre un hipotético cierre, pero hay voces que discrepan. Aina Vidal, portavoz en el Congreso de Sumar, socio de gobierno del PSOE, ha matizado en una entrevista en SER Catalunya que, con el acuerdo, la Generalitat “no tiene la capacidad” de cerrar el centro sin el visto bueno de Madrid.
El texto de la ley presentada en el Congreso discurre en torno al concepto de “gestión”. Concretamente, habla de delegar “la dirección, coordinación, gestión e inspección de los centros”. Cataluña podría decidir “la designación de los empleados públicos” y los “servicios que integran los centros”. También “la prestación de los servicios de asistencia sanitaria, social, jurídica, cultural y lingüística” que tendrán los internos. Controlará sus traslados “por todo el territorio” y establecerá “mecanismos de control e inspección policial y administrativa” del CIE. El texto aborda cuestiones vinculadas al funcionamiento del día a día, y expone, de hecho, que se cede la “gestión integral”, pero no menciona quién tiene la potestad de abrir o cerrar un CIE.
Preguntado por este diario, Albert Noguera, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Valencia, señala que el artículo 7 de la propuesta de ley -el que habla de los CIE– hace referencia “únicamente y exclusivamente” a la gestión del centro. Por tanto, “no se aborda quién debe tomar la decisión sobre si debe existir o no el CIE”. El catedrático especifica que hay aspectos regulados en la ley de extranjería estatal y apunta que el traspaso de la gestión de determinadas competencias, en este caso de inmigración, “no significa que la Generalitat pueda derogar otras leyes o decretos ni que estas dejen de tener vigencia en Cataluña”. El profesor de la Universidad de Barcelona Markus González, experto en derecho constitucional, comunidades autónomas e inmigración, argumenta una tesis similar. En conversación con este diario, constata que el traspaso «garantiza que la Generalitat puede gestionar el día a día, siempre dentro del marco establecido» e insiste en que «no se puede entender [del redactado del acuerdo] que Cataluña tenga la capacidad de cerrar o abrir nuevos CIE».
Hasta ahora, quien dictamina quién tiene la potestad de «crear, modificar o suprimir» un CIE es el Real decreto 162/2014 en su artículo quinto, que atribuye la competencia al Ministerio del Interior. Los cuatro párrafos del acuerdo Junts-PSOE que hablan del CIE no hacen referencia a esta parte concreta del decreto. González concluye que el margen de maniobra de la Generalitat, que lo hay, será sobre los «servicios ya previstos». «Podrá gestionar algunos aspectos, pero, por ejemplo, no podría decidir que incorpora talleres -ejemplo hipotético- o cualquier otro aspecto no recogido en la ley ni tampoco decidir quién entra o no», insiste el profesor, que profundiza en una variante: «Todos los medios hablan de un posible cierre, pero este acuerdo también permite que, en lo que la Generalitat tendrá capacidad de gestión, podrá ser, si lo desea, más estricta que ahora».
El CIE necesita reforzar los servicios
Actualmente, el CIE de Barcelona tiene 68 personas retenidas, según confirmó la semana pasada Interior. Son personas con un expediente de expulsión abierto y que estarán un máximo de dos meses. Las entidades creen que el cambio podría mejorar sus condiciones, pero también lo han tomado con prudencia. Están a la «expectativa» antes de «sacar conclusiones», pero, de entrada, celebran que la gestión pase a manos de la Generalitat. “Todo lo que sea una gestión más local, cercana, debería mejorar la efectividad del centro”, expone la abogada del servicio de atención y denuncia de Irídia, Marta Vallverdú.
En conversación con el Tot Barcelona, la abogada pide huir “del marco de la extrema derecha” y que se “aporte financiamiento” para ejecutar mejoras que se han quedado estancadas en el tiempo. Por ejemplo, recursos para paliar los problemas de salud mental, que crecen una vez la persona entra en el CIE. “Pedimos un servicio psiquiátrico para los internos y un juez nos ha dicho que sí, que debe haber uno, pero deben destinarse recursos económicos. ¿De dónde deben salir los fondos? Necesitamos estos servicios”, resume la abogada.
En este sentido, el profesor universitario Markus González desglosa que el CIE «ya tiene un servicio de atención médica» y que lo que han hecho los jueces es «indicar que, dentro de este servicio, también se debe contemplar psiquiatría». González cree que es en este tipo de aspectos, «más amplios», donde la Generalitat podría introducir cambios. Sea como sea, la abogada de Irídia resalta que centrar todos los discursos en la mejora de la gestión tiene «un punto peligroso» porque “puede hacer caer en el olvido el objetivo final: el cierre”.
¿Qué pasa con el derecho a la tutela judicial?
Desde Irídia también apuntan que el Estado no está garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva y se preguntan cómo quedará este asunto. Hay dos magistrados, el juzgado de control número 1 y el juzgado de control número 30, que asumen los casos de vulneración de derechos que llegan del CIE. Están desbordados, porque tienen las funciones propias como juez y los casos del centro. “Están infradotados, por mucho que la jueza del 30 tenga ganas de ponerse manos a la obra, le faltan recursos, no llega”, explica Vallverdú. Este hecho provoca que muchos internos no tengan la oportunidad de restituir sus derechos.
“Es la espada de Damocles de la desprotección: cuando el caso llega al juzgado y este lo admite a trámite, incluso cuando decreta diligencias urgentes, la persona en cuestión y el resto de testigos ya han sido deportados”, explica la abogada de Irídia. En numerosas ocasiones, el caso no puede prosperar porque el denunciado no puede ir a declarar o los médicos forenses no lo pueden visitar. “Ha habido casos flagrantes de vulneración de derechos, de maltratos, torturas y lesiones, que no han tenido viabilidad por este motivo, de eso se habla menos y también debería abordarse”, concluye Vallverdú. Entidades como Migra Studium, que vela por el derecho de todos los internos, ha denunciado en más de una ocasión lo que considera «racismo institucional». A finales de 2023, la entidad Jesuita citaba algunos ejemplos en un reportaje de este mismo diario: policías que habían pegado e insultado a internos por rezar e incluso hay quienes habían retirado ejemplares del Corán para que no pudieran hacerlo más.
A pesar del anuncio, las entidades todavía tienen dudas sobre cómo se resolverán estas cuestiones. La otra incógnita es qué papel asumirá la Generalitat, ahora en manos del PSC, del mismo color político que aquellos que han gestionado siempre el CIE -en manos de gobiernos socialistas o populares desde la creación- y también qué relación tendrá la administración catalana con los gobiernos del Estado. En este sentido, los colectivos recuerdan que el ejecutivo español proyecta un nuevo centro de internamiento en Algeciras -que costará unos 25 millones- con capacidad para encerrar a 507 personas. Vallverdú es contundente: “No serviría de nada cerrar el CIE de Barcelona si los migrantes son trasladados a otros CIE del Estado”.
