La Blanca Serra ha entrado en los juzgados con una mano sobre el caminador y la otra levantada con el puño cerrado. Y parada en la puerta, ha mirado a la cincuentena de manifestantes que la acompañaban. “Que se siga hablando de esto y que la juventud tenga en cuenta lo que ha pasado, está pasando y lo que pasará”, les había dicho antes. Sin confiar nada en la justicia, sabía que era un momento histórico. La fiscalía ha dado credibilidad a sus denuncias y por primera vez ha escuchado a una víctima del franquismo, torturada en diferentes etapas en Via Laietana. Blanca y su hermana Eva, que a pesar de que ya ha fallecido también aparece en la denuncia, han establecido un precedente histórico. Su abogado, Brian Ventura, sabe que el juicio aún está lejano, pero pide entender la declaración de este lunes como una “grieta” en un sistema judicial “hasta ahora impenetrable”.
La ley de memoria democrática ha creado la figura de la fiscalía especializada en memoria y derechos humanos, una figura hasta ahora inexistente y que facilita que se investiguen los delitos que cometió el franquismo. “Las personas que pueden denunciar ya son muy mayores y hasta ahora no ha habido ningún compromiso para investigar qué pasó. Vamos a contrarreloj”, explica el abogado al Tot Barcelona. La fiscalía de nueva creación aún tiene muchas incógnitas, pero es una nueva ventana de oportunidades para las defensas. Hasta ahora, la entidad de derechos humanos Irídia ha contabilizado 115 querellas por torturas en el Estado. Todas habían sido archivadas. “Se habían presentado las querellas al juez instructor. Ahora se ha presentado directamente a la fiscal especializada, que al menos ha dicho ‘quiero investigarlo’. Cuando terminen las diligencias veremos si lo eleva o no a un magistrado y si este da recorrido a la denuncia o no”, explica Ventura.
Antes de la ley de memoria, los magistrados siempre habían rechazado tramitar las denuncias amparándose en la ley de amnistía que se aprobó en 1977. La coordinadora de derechos y memoria de Irídia, Andrea Carrera, lamenta al TOT que los jueces hayan esgrimido hasta ahora que “no tiene sentido investigar los crímenes después de tantos años” o que usen una amnistía “que debía ser para presos políticos y terminó amnistiando también a los victimarios”. La activista recuerda los crímenes de lesa humanidad -las torturas de la dictadura- no prescriben nunca y atribuye el centenar y pico de querellas archivadas a la “falta de voluntad”.
El abogado Josep Cruanyes, la cara más visible de la Comisión de la Dignidad, añade un matiz importante: el documento incluye cuatro episodios de detención y tortura vividos por las hermanas Serra entre los años 1977 y 1982 en las dependencias de Via Laietana (Barcelona) y de la Dirección General de Seguridad (Madrid). Es decir, que el escrito de la denuncia también hace referencia a violaciones perpetradas en tiempos de democracia. “¿La fiscalía estará interesada en investigar todas las torturas o solo las de la dictadura porque es una cuestión formal de la ley y nada más? ¿Hablamos de investigar torturas o de una simple comedia?”, se pregunta el abogado. No es una pregunta inoportuna. Si los jueces se escudan en la amnistía del 77, ¿qué harían si se certifican torturas más allá de la dictadura?
Un precedente importante
Meses atrás, sin la posibilidad de acudir a la fiscalía de memoria, que hace escasos días está activa, los represaliados del franquismo han llegado a agotar toda la vía legal del Estado sin conseguir declarar. Dos casos recientes, el de Carlos Vallejo y de los hermanos Farrándiz, van por el camino de Europa. El magistrado no vio suficientes argumentos para tramitar la querella. La audiencia provincial ratificó el archivo del tribunal y rechazó el recurso de las defensas. Y el Tribunal Constitucional tres cuartas partes de este. “Se nos ha acabado el camino para recurrir en el estado español y ahora solo nos queda el camino internacional”, asumen desde Irídia, entidad que también lleva estas defensas. Sus casos apuntan hacia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Desde la entidad explican que hay otros testimonios similares, de otros puntos del Estado, que han acudido. No todos con el éxito deseado.
De ahí la importancia de la declaración de Blanca. Por primera vez hay una fiscal que ve suficientes indicios para considerar que las torturas fueron “en el contexto de un régimen institucionalizado de represión contra la población civil, en este caso por motivos políticos”. Así lo expresa la misma fiscal en su decreto de incoación, de 9 páginas y adelantado por este diario. En este sentido, concluye que abrir las diligencias debe servir para “garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con independencia del resultado final del proceso”. La declaración en la fiscalía es un primer paso aún lejano a una reparación real, pero va más allá del simbolismo. El nuevo procedimiento también podría ayudar a conocer más detalles de las torturas. Por ejemplo, si la fiscal pidiera la documentación de los atestados policiales.
Presión sobre Via Laietana
La represión perpetrada sobre la familia Serra no es la única carpeta visible detrás de esta declaración, que también pone el foco en debates candentes actualmente en Barcelona. La misma Blanca ha incidido antes de entrar a declarar: “Es intolerable que piensen que los torturadores y los torturados puedan compartir espacio; un piso para unos y otro para los otros. Esto no puede ser”. La decisión de la Moncloa de convertir la comisaría de Via Laietana en un espacio de memoria sin sacar a la policía no gusta a las entidades memorialistas. La Moncloa incluye el edificio policial en el catálogo de la memoria, pero se niega a reubicar a la Policía Nacional, que actualmente tiene allí su sede central en Cataluña.
Josep Coromines recuerda que hay 140 testimonios que han relatado casos de tortura de diferente índole en las dependencias policiales de Via Laietana. Son casos de personas como Blanca, que ha dado el paso de explicarlo, y otros represaliados que dejaron escrita su experiencia antes de morir. “Hay gente que ni siquiera puede pasar por delante del edificio”, recuerda el abogado, incrédulo con la decisión que llega del gobierno español. En Barcelona, la oposición presiona al socialista Jaume Collboni para que plante cara a sus compañeros de Madrid, que avanzan con la ley de memoria democrática, pero continúan reticentes a remover temas aún más sensibles.
