Los ejes verdes del gobierno de Ada Colau se ejecutaron de forma ilegal. Es así, de momento, en tres de los cuatro proyectos, según la Justicia. Las transformaciones en zonas de peatones de las calles del Consell de Cent, Rocafort y Comte de Borrell se hicieron como si se tratara de una obra ordinaria cuando, para llevar a cabo la reforma, habría sido necesario modificar el Plan General Metropolitano (PGM), ya que se trata de arterias que son red viaria. La jueza ha dictaminado que no están ajustadas a derecho y, sobre el papel, ha ordenado volver las calles a cómo estaban antes. Difícilmente se hará. Y es que todas las dudas que plantea la tramitación de la reforma, contrasta con la necesidad de llevar a cabo políticas para reducir la contaminación en la ciudad y luchar por una mejor calidad del aire.
La superilla del Eixample ejecutada no se revertirá. De hecho, después de la primera sentencia, la de Consell de Cent, de septiembre de 2023, la magistrada misma planteó abrir una mediación, a la que también se sumó la Unión de Ejes Comerciales Turísticos de Barcelona (Barcelona Oberta), que fue quién presentó los contenciosos. Ahora bien, otra consecuencia, y esta es política, es que los ejes verdes tal como los concibieron los Comunes no tendrán continuidad en Barcelona mientras gobierne el PSC. Hace unos días, la teniente de alcaldía de Urbanismo, Laia Bonet, dijo que este modelo no se repicará en el resto de la ciudad.
“Necesitamos un modelo que sea reproducible y escalable a toda la ciudad”, sostiene. El PSC insiste en el hecho de que quiere una ciudad más amable y menos contaminante, pero cree que los ejes verdes de Colau no son el camino. Según el Ayuntamiento, el mantenimiento de estas calles es mucho más elevado en comparación con otras vías, a la vez que el gobierno socialista esgrime también problemas de convivencia y que la conversión de estas calles en zonas de peatones no ha supuesto una bajada de los niveles de contaminación. Además, el PSC dice que está trabajando en un plan de mejora de los ejes verdes para corregir deficiencias. De entrada, se tendrán que invertir unos 2,5 millones de euros en reparaciones de alcorques rotos.
«Debilidad jurídica», según el alcalde
Después de que se conociera la tercera sentencia judicial, la de Rocafort, el pasado viernes, el alcalde Jaume Collboni reconoció «debilidad jurídica» en los proyectos de los ejes verdes y aseguró que el Ayuntamiento lo tendrá presente en un futuro. Collboni defendió el trabajo hecho por los servicios urbanísticos municipales, pero cree que «la pacificación se puede hacer mejor». En los tres casos, el consistorio anunció que presentaría un recurso contra las sentencias. Fuentes conocedoras de los proyectos recuerdan que estas sentencias no son firmes, y que lo que acabe concluyendo el TSJC sobre los recursos, marcará el camino a seguir. El exarquitecto jefe del Ayuntamiento, Josep Anton Acebillo, dice que todavía quedan para conocer otras resoluciones judiciales, porque el proyecto no se hizo de forma unitaria sino que se troceó.
Barcelona en Comú, el partido que impulsó los ejes verdes, cree que estas sentencias son «casos de
«La legalidad está garantizada», dice Janet Sanz
La regidora afirma que «la legalidad está garantizada» y defiende que no hacía falta una modificación del PGM para la construcción de los ejes verdes. «Esto es una cosa que no ha pasado nunca en Barcelona. No pasó con la transformación del Portal del Ángel, ni tampoco con las pacificaciones de Enric Granados, la avenida Mistral y la avenida Gaudí». Según los Comunes, en Barcelona nunca se ha hecho «un cambio de calificación urbanística» y sostienen que las sentencias «van en contra del sentido común».
Sanz asegura que el hecho de no hacer la modificación del PGM no fue únicamente una decisión del gobierno municipal. «Preguntamos a la máxima autoridad urbanística de Cataluña, la Generalitat, y avaló esta política». Además, los Comunes contaron «con un informe que dice específicamente que no hay que hacer este cambio de calificación porque se trata de una reorganización. No estamos prohibiendo el paso: pasan vehículos, a una velocidad más limitada, y hay carga y descarga», según Sanz. Los Comunes piden Collboni continuar con la ejecución de ejes verdes en Barcelona y que los cuatro que se habilitaron el mandato pasado no sean «una excepción».
Eixample Respira vería «un disparate» revertir las obras
Desde la entidad Eixample Respira, Genís Domínguez, uno de sus miembros, se ve el proyecto de los ejes verdes del Eixample como una medida que ha permitido «devolver espacio público a la gente» que antes ocupaba el coche, pero considera que no soluciona el problema de contaminación y de mejora de la calidad del aire, ya que las reformas se tendrían que haber ejecutado en calles como Aragó, València o la Gran Vía. Con relación a las sentencias, Domínguez dice que, sin tener los conocimientos técnicos o legales, sería «un disparate» y «no tendría ningún sentido» revertir las obras hechas y dejar las vías como estaban antes, porque «seria ir contra el vecindario y recuperar un modelo antiguo de calle». De hecho, Eixample Respira recuerda que Barcelona Oberta, la entidad que ha puesto las denuncias, no ha pedido la ejecución de las sentencias y ha aceptado la mediación.
El grupo Trias per Barcelona dice que «estas sentencias tumban una manera de hacer, la de Colau, a quien la justicia también tumbó la tasa de residuos, el PEUAT (el plan de establecimientos turísticos); la expropiación del Hotel Buenos Aires; y casi seguro que tumbará la reforma de vía Laietana», explica el regidor y exconsejero de Territori de la Generalitat, Damià Calvet. El partido del exalcalde ya advirtió que no se estaba utilizando el instrumento urbanístico correcto ante la magnitud de proyecto. «En marzo de 2022, pedimos formalmente al gobierno Colau-Collboni que parara las licitaciones de las obras de la superilla del Eixample hasta que no se elaborara un informe que validara el procedimiento seguido entonces y la innecesariedad de tramitar un Plan Especial Urbanístico y la consiguiente Modificación del Plan General Metropolitano vigente, y que es justo ahora la justificación de las sentencias del juzgado contencioso», reflexiona Calvet al TOT.
Calles de primera y de segunda, según Trias
Las críticas de Trias per Barcelona van más allá y entran en el proyecto mismo. «Los ejes verdes de Colau crean calles de primera y de segunda, rompiendo con el modelo Eixample de Cerdà, un modelo que fomenta una ciudad homogénea, democrática, desde el punto de vista de acceso a los servicios, y sin calles jerarquizadas», argumenta el regidor. Y pide al gobierno en minoría de Collboni que rectifique y que no se limite a presentar recursos, y que busque recuperar el consenso perdido. «Desde Junts nos ofrecemos a trabajar para conseguirlo. Nosotros siempre hemos defendido, y lo hemos demostrado cuando hemos gobernado, una ciudad de Barcelona más verde y amable. Buenos ejemplos son la reforma de la Diagonal, el paseo de Sant Joan o la cobertura de la ronda de Dalt, obras impulsadas por el alcalde Trias».
ERC dice estar a favor «de los proyectos que pacifican el espacio público y de hacer un urbanismo más verde y amable para los barceloneses y barcelonesas, siempre que se hagan con el consenso suficiente y con rigor». «La situación actual es fruto de la falta de consenso y de la falta de rigor con la que a menudo se ha trabajado», critica la regidora Eva Baró en relación a la forma de hacer de los Comunes. Los republicanos ven necesario que el Ayuntamiento vele «para generar los consensos necesarios para evitar que los proyectos de transformación urbanística acaben judicializándose».
En declaraciones a este medio, el presidente del PP en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, considera que estos proyectos del gobierno de Colau y Collboni se ejecutaron de manera «arbitraria y caprichosa, saltándose la legalidad», e imponiendo un urbanismo táctico «que es perjudicial para la ciudad». Sirera pide al alcalde que paralice todos los proyectos que están en marcha hasta que la Justicia se pronuncie. Una de las obras en las que piensa el regidor popular es la reforma de la ronda de Sant Antoni, sobre la que no consta ninguna denuncia judicial, pero sí administrativa.
La ronda de Sant Antoni, un caso similar para el PP
El PP presentó en diciembre de 2023 una Acción Pública Urbanística, un procedimiento administrativo que tiene por objeto impugnar unas obras para garantizar la defensa de la legalidad. En el documento, el PP pidió Collboni que anulara el proyecto. La situación es similar a la de los ejes verdes, ya que el proyecto se ha tramitado también sin modificar el PGM, un hecho necesario al tratarse la ronda de una calle que es red viaria básica y se está transformando en una zona de peatones prácticamente total, como ya avisó el urbanista Antoni Renalias en una entrevista con el TOT. Más de cuatro meses después, Sirera continúa esperando una respuesta del gobierno socialista.
El presidente de Vox en el Ayuntamiento, Gonzalo de Oro, dice que las sentencias de los ejes verdes demuestran que se trata de un «chapuza urbanística» que ha dejado de herencia el anterior gobierno de Comunes y PSC y ve necesario que los responsables políticos que tomaron la decisión de saltarse el PGM, «ejerciendo una autoridad desmesurada para imponer un urbanismo ideológico, tendrían que asumir responsabilidades». Y añade: «No podemos permitir que el dinero de los barceloneses se inviertan mal dos veces. Primero, en hacer una obra ilegal y después, en recursos y litigios con la justicia para intentar solucionar las chapuzas urbanísticas de los mandatos de Colau».
