Barcelona tiene un edificio municipal nuevo de trinca que hace un año y medio que está cerrado. El equipamiento, el Centro de Vida Comunitaria, está afectado por una sustancia tóxica, formaldehído, que el Ayuntamiento no consigue eliminar. En febrero de este año, parecía que podría reabrir el segundo semestre de 2024. Así lo indicó la regidora de Sant Andreu, Marta Villanueva, en una respuesta al grupo municipal del PP. Entonces, se quería implementar una línea de trabajo definitiva que permitiera planificar la apertura durante la segunda mitad de este año. Pues, ahora, no está nada claro que pueda ser así. En el pleno del distrito del 2 de julio, la edil subraya que es «osado» decir que abrirá en otoño. Las actuaciones que se están haciendo para eliminar el formaldehído son lentas. Los niveles de la sustancia bajan, pero no hay calendario de apertura.
La situación es muy preocupante. Un equipamiento que costó 6,7 millones está cerrado a cal y canto, desde finales de enero del 2023. Abrió en marzo de 2022 y nueve meses después se tuvo que clausurar. Desde entonces, no ha vuelto a abrir. Ahora, ya se puede decir que el edificio ha estado más tiempo cerrado que abierto. El motivo fue la presencia del formaldehído, una sustancia, en este caso, vinculada con los derivados de la madera del inmueble. La madera es el material principal del equipamiento.
La noticia del cierre del edificio, diseñado por el despacho Haz Arquitectura, fue avanzada en primicia por el TOT Barcelona el 2 de octubre. En todo momento, el Ayuntamiento ha dicho que la clausura fue preventiva y que los niveles de formaldehído siempre habían estado por debajo de los estándares, pero, al ser un centro de trabajo municipal, se había optado por mantenerlo cerrado hasta que fueran próximos a 0. Antes de que el equipamiento se clausurara, en enero de 2023, tres personas que trabajaban en el centro sufrieron irritaciones, uno de los síntomas que puede producir el contacto con el formaldehído. En casos de larga exposición, y casi siempre vinculada a la manipulación de la sustancia, puede dar lugar a algunos tipos de cáncer.
Una pintura que absorbe los tóxicos
A pregunta del PP, en el pleno del distrito de Sant Andreu del 2 de julio, Villanueva pasó de puntillas sobre esta cuestión. La regidora añadió que era un tema que les preocupaba, pero que la normativa «es la que es» y esto hace que no se pueda hablar de plazos. Las pocas explicaciones están acabando con la paciencia de la oposición, especialmente de Trias per Barcelona. En respuesta al TOT, el regidor Josep Rius dice que han sabido, a través de las contrataciones de la empresa municipal Bimsa, que se está utilizando una nueva medida correctora, una pintura que absorbe los tóxicos, pero el gobierno de Jaume Collboni no les da detalles. «A pesar de la gran preocupación, sobre todo por la falta de información y poca transparencia con que el gobierno de Collboni gestiona este grave problema, no tenemos ningún retorno sobre esta nueva medida correctora. Nunca han presentado una curva de desintoxicación del edificio y siempre hemos recibido respuestas poco precisas», subraya Rius.
El partido del exalcalde considera que Collboni y Villanueva tratan a las personas de Trinitat Vella como «vecinos de tercera, precarizando, y mucho, los servicios municipales que estaban destinados allí, como es el caso del PIAD (Punto de Información y Atención a las Mujeres), los servicios sociales o el servicio de interculturalidad». Rius, también diputado en el Parlament, añade que después de dos plenos en el distrito y un consejo de barrio, celebrado esta misma semana, «con ausencia de rigor y compromiso por parte del gobierno, hemos entrado una serie de preguntas. Ante una nueva evasiva o falta de respuesta, nos plantearemos elevar la cuestión a órganos superiores».
De la ventilación del edificio a plantas captadoras de formaldehído
Además de la pintura que absorbe los tóxicos, se ha ventilado el edificio en innumerables ocasiones para eliminar el formaldehído. En febrero, Villanueva informó de la instalación de dos aparatos purificadores de aire, uno en la planta baja y otro a la primera, con la idea de hacer “nuevas mediciones ambientales del formaldehído para comprobar la eficacia de estos aparatos”. También estaba previsto realizar “una aportación de plantas captadoras de formaldehído en toda la segunda planta del edificio”, una limpieza del centro, y un control y seguimiento de las concentraciones del formaldehído “para realizar comparativos de eficacia entre las diferentes acciones llevadas a cabo”. Ya hace meses que el TOT preguntó por los costes de todos estos trabajos y si el Ayuntamiento tenía previsto o había iniciado acciones judiciales o planteaba llevar a cabo alguna reclamación contra los responsables de la edificación, sin obtener respuesta. Al tratarse de un equipamiento nuevo, y si se determinara que es un problema estructural, la garantía es de 10 años.
El consejero de ERC en Sant Andreu, Carlos R. Escuredo, dice que la última información que tienen del gobierno es que se sigue con el mismo tratamiento para eliminar el formaldehído, «pero está yendo más lento de lo que esperaban, y los niveles todavía son demasiado elevados para abrir». Para los republicanos, es necesario que el Ayuntamiento acelere el tratamiento que está haciendo y que se pueda reabrir cuanto antes mejor. «Es un equipamiento muy bien valorado en el barrio. Un equipamiento de referencia en el Besòs y, políticamente, nos sabe muy mal esta situación, porque, además, ha hecho que se dispersen los servicios que allí se daban. Algunos han quedado bajo mínimos y se ha perdido la gracia de tenerlos agrupados y crear sinergias y coordinación entre sí». ERC, que podría entrar a formar parte del gobierno si las bases del partido avalan el pacto entre Collboni y Elisenda Alamany, exige al ejecutivo del PSC que haga «todos los esfuerzos posibles para que este edificio y sus servicios vuelvan a estar al alcance de la ciudadanía. A estas alturas, ya podemos decir que el equipamiento lleva más tiempo cerrado que abierto. No tiene ningún sentido».
Desde las filas del PP, el presidente del grupo municipal, Daniel Sirera, exige responsabilidades al gobierno ante otro edificio nuevo que presenta deficiencias que impiden las actividades previstas, lo que ya roza «el ridículo», después de tener que cerrar también la biblioteca García Márquez. “Con el dinero que había costado este edificio, ¿cómo se pudo escapar que el uso de esta sustancia era perjudicial para la salud de los usuarios?”, se pregunta el concejal popular. Sirera reclama a Collboni tomar las medidas pertinentes para poder reabrir con todas las garantías.
Maragall veía «negligencia» en el proceso constructivo
Con anterioridad a las críticas actuales, ERC, Trias per Barcelona y PP, ya habían puesto el grito en el cielo meses atrás. Especialmente indignado se mostró el pasado otoño Ernest Maragall, ahora expresidente de ERC en el Ayuntamiento, que tildó el caso de negligencia en el proceso de construcción. Desde Trias per Barcelona, Rius dijo que el cierre, que tuvo lugar con Barcelona en Comú gobernando el distrito de Sant Andreu, y las pocas explicaciones dadas, “generaban mucha desconfianza”. Y el presidente del PP denunció el silencio del PSC y el hecho de que no se hubiera detectado la sustancia antes.
El 28 de octubre del año pasado, el TOT desveló que el origen de la presencia del formaldehído estaba vinculada “con los materiales constructivos del edificio, concretamente la madera, según la información de la empresa constructora”, decía una documentación municipal a la que tuvo acceso este medio. Con posterioridad, el 12 de noviembre, Jordi Gené, ingeniero y responsable de la madera del Centro de la Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC), opinaba que la causa del formaldehído no era la madera en sí, sino los derivados o tratamientos hechos a la madera u otros elementos, como barnices y pinturas utilizados en la construcción. Según Gené, la forma de solucionar el problema era la ventilación, pero había suficiente con unos 30 días. Cerca de un año y medio después de bajar la persiana, el edificio continúa sin calendario de apertura.
«Un edificio de bandera»
El equipamiento, situado en la Vía Favència con la carretera de Ribes, tiene cuatro plantas de unos 500 metros cuadrados cada una, con una superficie total construida de 2.000 m² más la urbanización de una plaza. El edificio se construyó con materiales sostenibles y no contaminantes. Fuentes del sector arquitectónico definían el pasado octubre el Centro de Vida Comunitaria como «un edificio de bandera» que ha recibido un segundo premio de sostenibilidad, estuvo seleccionado para los premios FAD 2023 y nominado al mejor edificio ArchDaily Awards 2023. Entre otros servicios, acogía servicios sociales y comunitarios innovadores. Trabajaban unos treinta profesionales y dispone de salón de actos, recepción, espacio de actividad física, salas de reuniones, talleres, salas polivalentes de diferentes dimensiones y zonas de estancia y acogida.
