Casi tres kilómetros separan los bloques situados en el número 15 de la calle de Tapioles y el número 10 de la calle d’en Cortines. Estas dos fincas históricas barcelonesas habían coexistido hasta ahora sin saber nada la una de la otra, en dos puntos opuestos de la ciudad con realidades completamente diferentes como el Poble-sec y el barrio de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera. Sus trayectorias, sin embargo, se vieron fortuitamente ligadas cuando se materializó la compra de los dos edificios por parte del fondo de inversión Second House.
Los primeros en movilizarse para denunciar públicamente la situación que estaban viviendo fueron los vecinos de la calle de Tapioles, que protagonizaron una rueda de prensa justo hace un año de la mano del Sindicat de Barri del Poble-sec. En su caso, las alarmas saltaron en agosto del 2022, cuando algunos de los inquilinos de la comunidad recibieron una carta de la propiedad informando de la venta de la finca a este fondo. Esta noticia dejaba en el aire la continuidad en el bloque de al menos a cuatro familias, que ya tenían el contrato de alquiler vencido y que desde entonces iban renovándolo mes a mes, y también amenazaba a tres más, que tenían algunos meses todavía de margen para su vencimiento.
Gracias a la repercusión mediática que tuvo esta acción y a la intermediación crucial del Sindicat de Llogateres, los vecinos de Tapioles se enteraron de que otra comunidad barcelonesa ya hacía tiempo que había emprendido una lucha silenciosa contra Second House. Es el caso del edificio de la calle Cortines, comprado por la misma inmobiliaria en el año 2020, justo después de la pandemia del coronavirus. El primer mensaje de los nuevos propietarios a los inquilinos con contrato en vigor fue entonces de tranquilidad e incluso se llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de renovar los alquileres. Con el paso de los meses, la incertidumbre de los inquilinos fue en aumento hasta el punto que algunos vecinos optaron incluso por dejar sus pisos. Tres de las cuatro familias supervivientes del bloque son las que han decidido ahora visibilizar su situación y hacer frente común con la finca del Poble-sec para evitar que les puedan echar de sus casas.
Negociaciones restañadas y protesta conjunta
El primer encuentro entre vecinos de las dos comunidades tuvo un fuerte carácter simbólico. Representantes de los dos edificios protagonizaron la semana pasada una protesta ante la sede de una fundación vinculada al fondo y encartelaron toda la fachada exterior con el objetivo de forzar a la propiedad de los bloques a negociar una renovación colectiva de los contratos de los vecinos afectados. En total, una quincena de familias se encuentran en esta situación límite, algunas incluso con contratos ya vencidos que podrían acabar derivando en un proceso de desahucio.
Una de las vecinas fuera de contrato que participó en la acción reivindicativa fue Paloma López. Esta mujer es una de las inquilinas de la cuarta planta de la finca de la calle de Tapioles, donde reside desde hace unos años. La rueda de prensa conjunta que hizo la comunidad hace un año se tradujo en una reunión de los afectados con la propiedad que no dio los frutos deseados. «Nos propusieron que pusiéramos una cifra a la subida del alquiler que podíamos asumir, pero al final las negociaciones quedaron en nada porque con la regulación de los alquileres no podían subir los precios tanto como querían», explica.
El intento fallido de llegar a un acuerdo acabó con la inmobiliaria enviándole a la vecina el pasado mes de junio un burofax requiriéndole la entrega de las claves del piso. Ante la negativa de la inquilina, la propiedad envió una segunda comunicación insistiendo en la entrega y amenazando de emprender acciones legales. «Ahora solo podemos hacer fuerza para hacerles saber que nos estamos organizando. No hay más remedio», asegura López, que remarca que en su comunidad ya son cuatro las familias con contrato vencido a las cuales se podrían sumar tres más próximamente. Otras cuatro tienen un contrato de renta antigua indefinido, de forma que los inquilinos tienen garantizada su continuidad en el piso, pero podrían ver incrementado el precio que pagan mensualmente si la nueva propiedad hace las obras de remodelación anunciadas, que prevén la instalación de un ascensor, entre otros.
Un caso para la esperanza
Las cuatro familias que todavía viven al bloque de Cortines son literalmente la resistencia. Esta misma semana han vencido los contratos de los inquilinos de dos de los pisos supervivientes. Es el caso de los padres de Cristina Ortiz, que han vivido en la segunda planta del inmueble los últimos 25 años. «Siempre habíamos encadenado contratos de cinco años. Con el cambio de propiedad, nos aseguraron que podíamos estar tranquilos, que nos harían un nuevo alquiler y no nos dejarían en la calle», señala. La promesa, sin embargo, se quedó en papel mojado: después de un único año de prórroga, la familia podría acabar siendo desahuciada en los próximos meses si no abandona el domicilio.
De las dos vecinas del edificio que tenían contrato de renta antigua, solo continúa residiendo Marga Roca. Esta mujer de 58 años estuvo a punto de perder el piso donde ha vivido prácticamente toda su vida porque el alquiler estaba a nombre de su madre. La inmobiliaria no parecía dispuesta a respetar el acuerdo verbal al cual llegó su familia con los anteriores propietarios, por el cual Roca podía quedarse de manera indefinida en el domicilio. La presión que ejercieron tanto Ortiz como el Sindicato d’habitatge del Casc Antic fue clave para cambiar la situación y conseguir que Second House le hiciera un nuevo contrato de alquiler social.
«Vine a vivir a este piso con solo 12 años. Me he criado y me he hecho mayor aquí. Si ahora puedo mantener esta casa es gracias a todos ellos. Lo que no puedo hacer es dejarlos solos en esta lucha», afirma contundente Roca, que quiso estar presente en la acción de protesta de la semana pasada. La mujer sabe que la intervención de su vecina y de la entidad fue crucial para evitar que se pudiera repetir el caso de la otra inquilina de renta antigua del bloque, que acabó abandonando su casa para ser realojada en un piso de protección oficial.
Ventas millonarias
A la espera de ver el efecto que puede tener la movilización conjunta de las fincas, desde el Sindicat de Llogateres alertan que los bloques de pisos de Tapioles y Cortines ya han sido puestos enteros a la venta a través de la página web de la inmobiliaria por un precio de 4,4 y 2 millones de euros, respectivamente. Esta circunstancia es especialmente relevante porque se estarían ofreciendo al mejor postor unos inmuebles donde todavía residen actualmente una quincena de familias y con la intención de remodelarlos antes de hacer efectivo este traspaso.
Sin embargo, el caso de estos dos edificios podría no ser un caso aislado. Los colectivos provivienda tienen localizados hasta una decena de bloques propiedad de Second House que podrían estar sufriendo la misma situación. Con el objetivo de avisar a los vecinos de las fincas presuntamente afectadas, las entidades pusieron carteles la semana pasada por todos estos edificios para dar a conocer las posibles intenciones del fondo inversor y sumar nuevos combatientes a esta particular lucha para mantener la vivienda.
