Momentos de crisis del comedor social de la Terrasseta, especializado en personas con problemas alcohólicos. El Ayuntamiento ha decidido no prorrogar más el contrato bilateral que tenían desde 2000, argumentando que la financiación debe llegar con un concurso público y no de contratos independientes. A partir de ahí, las versiones son opuestas: el Ayuntamiento defiende que no se presentaron por voluntad propia, pero la entidad dice que les avisaron sin margen para ello. El momento de crisis ha despertado el apoyo de diferentes entidades y particulares, entre ellos el de el equipo directivo y docente del Máster en Drogodependencias de la Universidad de Barcelona (UB). En una carta enviada al alcalde Jaume Collboni y la teniente de alcaldía María Eugenia Gay, el equipo docente pide «mantener el apoyo municipal» a una iniciativa que destaca por su papel de «inserción social».
En el comunicado, los profesionales destacan que la asociación Rauxa, que gestiona el comedor, es una organización «dirigida de forma profesional, pero también activista y solidaria». También destacan que la entidad ofrece la posibilidad a los estudiantes del máster de realizar prácticas en el comedor y otros espacios de la asociación. El profesorado se hace eco de las dificultades de «orden legal y de gestión» y piden cordialmente si se puede encontrar una alternativa.
«Desde la consideración positiva de la labor sanitaria y social que hace este servicio, de su colaboración con programas de formación como el nuestro, y del refuerzo que hay que dar siempre a las acciones del tercer sector con el fin de mantener la activación de la iniciativa social en estos y otros temas, agradeceríamos mucho si pudiera considerar la formulación de alternativas que permitan mantener a corto, a medio y largo plazo esta iniciativa«, concluye el profesorado.
El Ayuntamiento cambia de criterio
Tal como explicaba la entidad la semana pasada en el Tot Barcelona, el contrato del año 2000 se firmó a petición del Ayuntamiento, que les denegó un concurso público erróneamente. Ambas partes llegaron a un acuerdo en el que la entidad retiraba el recurso judicial presentado y, a cambio, el Ayuntamiento les ofrecía un contrato bilateral, con el que la administración evitaba indemnizar a la otra empresa que se había llevado el concurso.
El contrato era para los próximos cuatro años con la opción de prorrogarse y el consistorio activó esa prórroga hasta ahora. De hecho, la entidad mantiene que los recursos municipales habían ido decreciendo con los años y que, a la espera de una renegociación al alza del contrato, el Ayuntamiento les comunicó que retiraban el apoyo directo. Rauxa mantiene que intentarán salir adelante con fondos privados, pero insisten en que el proyecto funciona e imploran un nuevo acuerdo con el consistorio.
