Varios colectivos de Ciutat Vella han alertado de seis posibles desahucios en dos semanas. Es una de las dos zonas de Barcelona, junto con Nou Barris, que más convocatorias hace cada año. En esta ocasión, se han conseguido parar cuatro y se han ejecutado dos. Sea como fuere, la proporción de desahucios que llega a los colectivos es anecdótica si se compara con el volumen total de Barcelona. El año 2023 hubo, concretamente, 3,42 desahucios ejecutados cada día de media, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) conseguidos por el TOT Barcelona. Un total de 1.249 lanzamientos consumados: poco más de un millar, casi nueve de cada diez, corresponden a familias que no podían pagar el alquiler; unos setenta (el 5,6%) a impagos de la hipoteca; y el centenar que queda (menos del 10%) conforman la categoría ‘otros’, que principalmente hace referencia a ocupaciones de inmuebles.
Excluyendo el 2020 –marcado por las regulaciones del estado de alarma– el 2023 es el año con menos desahucios de la última década en Barcelona. Las cifras actuales son un 41% más bajas que el 2019, año previo a la pandemia, y un 62% más que el 2013, en pleno
En estos momentos hay tres vías legales para poder suspender un lanzamiento, dos de ellas aprobadas estos últimos años. Con el estallido de la pandemia, el gobierno español decretó una moratoria indefinida para algunos desahucios de alquiler y ocupación. El ejecutivo la ha ido prolongando anualmente y todavía es vigente para todo el 2024. Por otro lado, el año pasado se aprobó un decreto que permite a los jueces parar una ejecución durante dos meses –cuatro si la propiedad es una empresa– en aquellos casos que Servicios Sociales acredita una situación de vulnerabilidad. Soler explica que la mayoría de jueces está aceptando las suspensiones y teme que un hipotético levantamiento de la moratoria coincida con un segundo
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) también vinculan el descenso de desahucios a estas medidas provisionales decretadas por la pandemia. Eduard Sala, portavoz de la entidad, explica que los casos que llegan a la PAH se han reducido a la mitad. Este enero, por ejemplo, han gestionado ocho casos en Barcelona; en cinco se ha suspendido el lanzamiento, han conseguido parar dos a la puerta y el último se ha acabado ejecutando. Sala asegura que la PAH ya trabaja en un escenario sin moratorias y pide «cambios estructurales» a las autoridades. Desde la entidad creen que el ejecutivo estatal tendría que transformar lo que ahora son «normativas excepcionales» en una «regulación permanente».
Sin alternativas residenciales
El magistrado Guillem Sala mantiene que la ley no establece un automatismo, sino que fija unos «parámetros» que los jueces tienen que interpretar. Sala considera que en estos momentos la tendencia general es «suspender» aquellos casos en los que haya vulnerabilidad, pero reconoce que existe «un margen de discrecionalidad» y, por lo tanto, que cada caso depende de cada juez. «Sería extraño no acordar la suspensión si hay menores o un problema de incapacitación, pero cada caso se analiza individualmente y se tiene que ponderar», concluye. El magistrado detalla que el espíritu de una suspensión es «generar el margen suficiente porque se encuentre una alternativa», pero admite a la vez que «la impresión de los jueces es que pocas veces la administración encuentra una alternativa residencial».
Sala describe un panorama con «insuficiencia de medios» y con un parque público de vivienda pequeño, una queja histórica de la PAH. «Barcelona todavía está muy lejos de los objetivos, en los últimos años se ha intentado hacer más vivienda, pero siempre poco y tarde», protesta Eduard Soler. A modo de ejemplo, el activista explica un caso reciente en que las administraciones amenazaban con dejar sin alternativa a una familia vulnerable porque no había pisos disponibles y todos los hostales o pensiones estaban «ocupadas por el Mobile World Congress«. Soler recuerda que la carencia de alternativas convive con un precio del alquiler «histórico» y que ninguna administración garantiza «los suministros básicos» a las personas vulnerables.
El mapa de desahucios: más casos en las zonas de rentas bajas
El Observatorio DESCA recopila en un mapa todas las convocatorias de desahucio publicadas por los sindicatos. El año 2023 contabilizaron 130 avisos, lo cual representa solo un 10% del total de desahucios que hubo en Barcelona. El mapa, pues, no sirve para extraer conclusiones generalizadas, pero sí para ver tendencias. Por ejemplo: en siete de cada diez casos registrados, la propiedad era una empresa. La que más aparece es Cerberus, un fondo buitre cada vez más presente en Barcelona, pero también hay empresas públicas, como el Instituto Municipal d’Habitatge o el Institut Català del Sòl. Por barrios, dos zonas marcan los principales «puntos calientes» de la ciudad. Son los barrios céntricos del Raval, el Gòtico, Sant Antoni y el Poble-sec, o la zona de Nou Barris, con les Roquetes, Can Peguera y El Turó de la Piera al frente.
Eduard Sala es uno de los activistas que trabaja en estos datos. Lamenta que no haya cifras oficiales territorialitzados en Barcelona y apunta que la única gran conclusión que extraen los impulsores de la iniciativa es que «muy pocos casos llegan a los sindicatos». Sobre la distribución, Sala destaca la crisis de vivienda «crónica» que vive Nou Barris y el papel que juega la gentrificación en los desahucios del centro. En todo caso, los activistas de la PAH también apuntas que «el alto volumen de movimientos» que hay en zonas como el Raval o Sant Antoni podría ser otro de los factores que explique esta desigualdad territorial.
En Max Carbonell, portavoz del Sindicado de la Vivienda del Raval, comparte gran parte de estas teorías. No se extraña de ver el mapa pintando de estos colores y destaca la «capacidad organizativa» que hay «en la zona cero de la gentrificación». Carbonell recuerda que varios colectivos del Arrabal unificaron fuerzas en 2020 en el edificio de la Antigua Massana y que los últimos años han intensificado una tarea «de agitación y propaganda» del sindicato. En el centro de Barcelona, expone Carbonell, los grandes capitales «pueden enriquecerse del turismo», hecho que explica muchos de los casos en que han intervenido como sindicato. Algunos desahucios se suspenden o se paran, pero Carbonell avisa, su lucha va más allá: «Hay quien no puede quedarse en el barrio. Cuando conseguimos una alternativa, la familia no tiene derecho a escoger y quizás lo envían a la otra punta de la ciudad. Si tienes criaturas escolarizadas o una vida hecha en el barrio, puede ser dramático, aunque tengas un techo».
