Miguel Moreno tomó realmente conciencia de la peligrosidad del amianto en el año 2001. Este extrabajador de Material y Construcciones S.A. (Macosa) vivió de bien cerca como uno de los compañeros de la fábrica que la compañía tuvo en el barrio barcelonés del Poblenou hasta los años noventa enfermaba y acaba muriendo poco tiempo después. Fue el primer nombre de una lista que desgraciadamente desde entonces no ha dejado de engrosarse año tras año y que oficialmente ya llega a los 35 antiguos empleados muertos.
«Este material era completamente desconocido a principios de los ochenta. Nosotros empezamos a movilizarnos con las primeras muertes para reclamar judicialmente los derechos de los afectados, pero no fue hasta el 2015 cuando nos planteamos que teníamos que hacer algo más porque las consecuencias de aquellos años de exposición bestial las estábamos todavía viviendo día a día», explica Moreno, portavoz de la agrupación de jubilados de Macosa-Alstom. Fue entonces cuando los exempleados empezaron la recogida de firmas que culminó en la aprobación por parte de la Generalitat el pasado mes de marzo del Plan nacional para la erradicación del Amianto, una hoja de ruta previa a la elaboración de una Ley que tendría que empezar a ver la luz durante los primeros meses del 2024.
La partida para eliminar el fibrocemento, sin embargo, hace tiempo que se juega a Europa. Desde la prohibición de la utilización de este material a principios de los noventa (en el estado español entró en vigor en 2002), las instituciones no han dejado de hacer pasos para avanzar con el objetivo de poder alardear de un territorio libre de amianto antes del 2032. Una de las medidas adoptadas más importantes fue la aprobación de la normativa que regula el contacto de los trabajadores con este material en 2009. Este reglamento establecía un límite máximo de 0,1 fibras de amianto por centímetro cúbico al cual podían estar expuestos los empleados que pudieran tener contacto con esta sustancia potencialmente tóxica.
Límites más estrictos y nuevos reglamentos
A pesar el valor trascendental de esta regulación, los avances en la investigación científica demostraron rápidamente que este umbral no era suficiente para poder garantizar la seguridad de los profesionales y evitar una exposición fatal al material. Han tenido que pasar casi quince años para que estos valores se corrigieran sustancialmente con la aprobación este martes en el Parlamento Europeo de una modificación del reglamento que rebaja los límites permitidos de exposición, situándolos diez veces por debajo del que marcaba la normativa hasta ahora vigente. Con estos cambios, los empleados no podrán estar expuestos a partir de ahora a más de 0,01 fibras de amianto por centímetro cúbico.
«Esta revisión de la directiva es muy importante para proteger los trabajadores. Tenemos que tener en cuenta una cifra muy significativa como que cerca del 80% de los cánceres profesionales todavía están derivados del contacto con el amianto. La nueva normativa no solo reduce los valores de exposición, sino que también indica la formación y capacitación que tienen que tener estos empleados afectados y también prevé revisiones más periódicas para introducir las diferentes tecnologías que se desarrollarán para poder identificar estas microfibras», señala en declaraciones al TOT Barcelona la eurodiputada socialista Alícia Homs.
La representante política reconoce que estos cambios normativos llegan con retraso, pero incide en la capacidad de adaptación que tendrá a partir de ahora el nuevo reglamento, que precisamente fija un periodo máximo de seis años para que los estados miembros rebajen este límite hasta las 0.002 fibras por centímetro cúbico (excluyendo las fibras más finas), unas cantidades que se tendrán que detectar mediante la utilización de microscopios electrónicos. En paralelo a la flamante normativa, Homs precisa que los grupos parlamentarios europeos ya trabajan en dos propuestas legislativas para poder hacer un censo sobre los edificios con fibrocemento repartidos por todo el territorio -un supuesto que a priori también incluirá la futura legislación catalana- y para poder garantizar una correcta y segura gestión de los residuos constructivos que puedan contener uralita.
Medidas estructurales para contrarrestar malas prácticas
La reciente modificación del reglamento ha sido bien recibida tanto por parte de los jubilados de Macosa-Alstom como por la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), que consideran que es un paso adelante para poder minimizar los riesgos de los trabajadores que están en contacto con esta sustancia, pero insuficiente para atacar la raíz del problema. El portavoz de la Comisión contra el amianto de la FAVB, Joan Maria Soler, destaca el hecho que la normativa indique que la necesidad de contar con herramientas adecuadas como los microscopios electrónicos para poder detectar estas microfibras, pero alerta de las malas prácticas que habitualmente se detectan en la retirada de tejados de fibrocemento en la capital catalana, que muchas veces se hacen sin las medidas de protección que marca la Ley.
«A pesar de que las empresas cuentan con los permisos de trabajo aprobados, prácticamente ninguna de las actuaciones se hacen en las condiciones adecuadas. No hay suficientes inspectores para revisar todas las obras y esto supone que la retirada de este material se está haciendo mal, con el problema de salud pública que conlleva», asegura Soler. El portavoz insiste que la eliminación del fibrocemento es la única medida eficiente para erradicar del todo el amianto y se muestra contrario a las actuaciones que buscan impermeabilizar la sustancia tóxica tapándola con productos aislantes, un proceso muy frecuente.
La investigación, la gran deuda pendiente
En la misma línea que Soler se pronuncia Moreno, que lamenta que se esté tardando tanto a tomar medidas estructurales para acabar con el origen del problema. «La retirada del amianto es lo único que puede evitar que se produzcan estas enfermedades. Mientras este material esté presente, sigue contaminando. No entendemos por qué no se acelera todo el proceso, teniendo en cuenta que esto puede ayudar a evitar más muertos«, remarca.
Más allá de apresurar las instituciones europeas para que elaboren un marco normativo que facilite la eliminación de la sustancia, el extrabajador de Macosa considera que se tendría que apostar por investigar las afectaciones todavía bastante desconocidas derivadas del contacto con el amianto para mejorar el tratamiento que se da a los afectados. «El foco no está puesto en la obtención de los fármacos adecuados y muchas veces no entendemos el tratamiento que se da a las personas enfermas. El promedio de vida de los compañeros es algo más alto que hace unos años, pero todavía hay mucho camino por recorrer», concluye.
