La amenaza de la instalación de un posible bar musical en los mal llamados búnkeres del Carmel se ha hecho realidad. Este miércoles por la tarde abrió sus puertas el
La apertura del nuevo negocio, sin embargo, es solo el último capítulo de un serial que se remonta a mediados del pasado mes de abril, cuando el propietario de esta antigua casa familiar -que hizo las funciones de parking hasta el año 2016- pidió al Ayuntamiento un informe del plan de usos de la zona para saber si este espacio estaba afectado. Ante esta petición, el consistorio le informó que el local en sí no estaba afectado, pero que está ubicado en una zona cualificada de renovación urbana. Este supuesto no solo impide que se pueda instalar un bar musical, sino que tampoco permite ninguna modificación en la licencia otorgada, que en este caso es residencial.
Doble apertura de expediente por infracciones
Meses después, concretamente en julio, los implicados presentaron al consistorio una notificación para poder realizar obras menores a las instalaciones, que solo pueden ser de saneamiento y que no pueden afectar a la estructura del establecimiento, ni exterior ni interior. Una inspección de la Guardia Urbana, sin embargo, determinó que no se habían hecho las actuaciones descritas, sino que se habían hecho trabajos de mayor envergadura, motivo por el cual se le abrió un expediente que podría derivar en una sanción. También se le abrió un segundo expediente por vulnerar la ordenanza de los usos del paisaje urbano con la instalación de dos letreros donde se pueden ver imágenes de combinados y cachimbas.
A principios de este mismo mes de septiembre, los responsables del negocio comunicaron al consistorio su intención de iniciar la actividad de manera inminente. También solicitaron una licencia para poder instalar una terraza que se les fue denegada.
Alegaciones y medidas cautelares
Precisamente, esta última notificación es la que ha iniciado los trámites municipales para poder precintar el establecimiento. El Ayuntamiento ya ha elaborado un informe técnico de audiencia previa para proceder a la clausura del establecimiento, un procedimiento que da a los afectados un plazo máximo de quince días para presentar alegaciones. En caso de aceptar el recurso de los responsables, el ejecutivo tendría que iniciar un nuevo proceso para determinar si este es válido, que previsiblemente culminaría con el precinto del negocio.
Hasta la resolución de este, desde el consistorio remarcan que el cuerpo policial barcelonés estará atento para garantizar que durante este periodo de apertura temporal no se incumplen las ordenanzas, pero matizan que no se pueden adoptar medidas cautelares como sería su precinto si no hay un riesgo evidente para las personas. Ante esto, los vecinos del Turó de la Rovira solo tienen como recurso legal avisar a la Guardia Urbana cada vez que detecten alguna infracción. Aparte, el vecindario prepara algunas acciones de protesta para hacer frente a la discutida apertura de este bar musical en un entorno donde «únicamente contribuye a potenciar el turismo de borrachera«.
