Cortar los suministros a un okupa en Barcelona deja de ser delito. Según la Audiencia Provincial de Barcelona, si el propietario, «o cualquier otro título que habilite el uso», de una finca ocupada da de baja la luz, el agua o el gas -y, por lo tanto, deja de pagar- ya no se considerará un delito de coacciones. Fuentes judiciales aclaran que se trata de los casos de usurpación leve y no se entiende la coacción por defecto.
La decisión ha sido tomada por los cerca de 60 jueces que forman la Audiencia de Barcelona, que ha unificado criterios en diferentes temas penales. Además, en los casos de denuncias de usurpación por un delito leve contra personas de las que se desconozca la identidad, «no se podrá acordar el sobreseimiento», hasta que los cuerpos policiales hayan identificado a los ocupantes de una finca. Si una vez hecha la diligencia policial, se sigue sin identificar a la persona, se procederá al sobreseimiento «y archivo provisional de la causa».
La Audiencia de Barcelona no menciona los desalojos exprés
Por otro lado, y según recoge el Periódico, la unificación de criterios de los jueces de la Audiencia Provincial de Barcelona no hace ninguna referencia a autorizar desalojos exprés, sin autorización judicial, por parte de la policía en aquellos casos en que no hayan pasado 24 horas desde la ocupación y se trate de un delito flagrante. De esta manera, el órgano judicial discrepa de la Audiencia Provincial de Girona que el 22 de noviembre avaló uno.
Los acuerdos hechos públicos este viernes se tomaron en una reunión de los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona el pasado 7 de marzo. De la unificación de criterios, se ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a los presidentes de las audiencias provinciales de Girona, Tarragona y Lleida y a los magistrados y letrados de la administración de justicia de las secciones penales. También se ha informado a los jueces decanos de la provincia de Barcelona, la Fiscalía Superior de Cataluña, el Consejo de la Abogacía de Cataluña y el Consejo del Colegio de Procuradores de Cataluña.
