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Conflicto entre Ayuntamiento y restauradores por horarios de terrazas en Enric Granados

El Ayuntamiento de Barcelona y el Gremi de la Restauració, enfrentados por las restricciones horarias en las terrazas de la calle Enric Granados. La entidad ha comunicado a los negocios de la vía barcelonesa que, a raíz de una sentencia del juzgado contencioso administrativo que ha devenido firme este mismo martes, el decreto que establecía los límites horarios habría caído. Ahora, en declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias, el gobierno municipal niega esta tesis, y sostiene que la normativa está plenamente vigente.

Según explican las mismas voces, la sentencia en cuestión no entra en el fondo de la medida, y solo reconoce la condición de interesado del Gremi en las alegaciones presentadas en contra. Los límites a las terrazas, defienden, dependen de otro recurso que también ha interpuesto la asociación, aún pendiente. De esta manera, las terrazas de Enric Granados deberían cerrar, tal como prevé la regulación, a las 11 de la noche de domingo a jueves y a las 12 los viernes y vísperas de festivos.

Una de las terrazas del conflictivo calle de Enric Granados / Mireia Comas
Una de las terrazas del conflictivo calle de Enric Granados / Mireia Comas

Alegaciones e «impacto económico»

En su comunicación a los agremiados, la organización ha asegurado que la medida habría caído porque el Ayuntamiento no habría presentado ningún recurso a la sentencia del verano. No obstante, desde el consistorio argumentan que la única decisión que modularía la decisión judicial es la de permitir al Gremi presentar sus propias alegaciones ante la restricción horaria, con independencia de que también lo hiciera a través de los establecimientos concretos.

Después de que el Ayuntamiento haya negado la inaplicación de la sentencia sobre los horarios, el Gremi ha rechazado su postura, defendiendo que «la restricción horaria no se incorporó a las licencias y se seguía aplicando en virtud del decreto que, ahora, ha decaído». Además, recuerda al gobierno municipal que, tal como establecía una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no puede «ignorar su propia regulación»; en concreto, la ordenanza de terrazas, que establece los horarios de apertura y cierre de los espacios y los casos en que este se puede ampliar. A pesar del conflicto, la entidad asegura que mantiene «la mano tendida» a la corporación municipal para trabajar conjuntamente en el caso, y propondrá constituir un grupo de trabajo para «hacer un nuevo diagnóstico de la situación».

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