Vigilancia privada, pero, eso sí, sin armas. Es la solución que ha encontrado el Ayuntamiento de Barcelona para intentar que no «se ocupen» solares del distrito de Sant Andreu. Así lo indica la licitación que el consistorio ha puesto en marcha, por valor de 177.563 euros, IVA incluido. Según la memoria que justifica la necesidad, a la que ha tenido acceso TotBarcelona, «en los últimos meses», Sant Andreu ha tenido «que intensificar las actuaciones de control sobre solares municipales que, por sus características, presentan un riesgo elevado de ocupación no autorizada«. Una medida para evitar que se levanten campamentos.
De hecho, la vigilancia se ha tenido que incrementar por «incidencias registradas en diversos puntos, con afectación directa sobre la seguridad, la convivencia vecinal y la correcta preservación del patrimonio municipal». Una circunstancia que obligó a una «evaluación interna» que «ha detectado la conveniencia de aplicar medidas de prevención específicas en aquellos espacios que han sufrido ocupaciones previas o presentan condiciones que facilitan la reincidencia».
«La finalidad de este contrato consiste en garantizar la seguridad de las personas y permite la verificación del estado de los solares y el seguimiento en cuanto a intrusiones de estos, avisando a la Guardia Urbana para desalojos en plazo antes de consolidar ocupaciones», asegura el expediente. Una situación que el ayuntamiento no puede afrontar con los recursos propios y necesita los servicios de una empresa de seguridad.
Revisión de protocolos
Por otra parte, el expediente remarca que «se han revisado los protocolos de comunicación de incidencias y los tiempos de respuesta para asegurar una coordinación ágil con los servicios municipales competentes». Unos protocolos dirigidos «especialmente a situaciones que requieran activación de medidas urgentes». «El objetivo es consolidar una vigilancia preventiva, con presencia efectiva en el terreno, para disuadir intentos de ocupación y garantizar la disponibilidad del espacio para usos municipales, minimizando el impacto sobre el entorno y los vecinos», informa el expediente.
