El Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona franca cerró el 2023 con 589 internos, lo cual supone la cifra más alta de los cinco centros que tiene operativos el Estado español, que en total internó 2.085 personas el año pasado. Esto quiere decir que tres de cada diez migrantes que se encierran en un CIE llegan a las instalaciones de Barcelona. En el centro de la Zona franca también se producen los internamientos más largos; más de un mes de internamiento, 34 días. Son datos que se desprenden del informe
Más de la mitad de las personas cerradas en Barcelona (336) estaban internas por estancia irregular, 68 para llegar con patera y 58 por expulsión judicial para sustituir una pena superior en un año. Ahora bien, también es remarcable que seis de cada diez personas internadas el año pasado en Barcelona acabaron en libertad, sin ser expulsadas; dato que sirve a los activistas para ejemplificar la poca utilidad que –denuncian– tienen estos centros.
El otro dato bastante significativo es que el CIE de Barcelona es el único que mantiene operativo el módulo de mujeres, después del cierre del de Madrid por obras. Por él han pasado 62 mujeres en 2023. Una de ellas se estuvo sola. «Ha habido episodios en que solo ha habido una mujer al módulo durante días. Creemos que esta situación añade una penosidad a la situación de internamiento», ha alertado el abogado de Migra Studium, Josetxo Ordóñez, que el diciembre del año pasado ya remarcaba, en declaraciones al TOT Barcelona, que las instalaciones para mujeres eran «pequeñas y claustrofóbicas» y con solo patio pequeño, interior.
Además de Barcelona, el Estado también cuenta con CIE en Algeciras, Las Palmas, Murcia y València. El de Madrid está cerrado por obras.
Trabas para visitar los internos
Aprovechando la presentación del informe, algunas voluntarias que han podido visitar las instalaciones han criticado las condiciones precarias con las que el CIE permite hacer visitas. De hecho, este diario ya explicó en diciembre pasado que el centro de la Zona franca se había bunqueritzado, aprovechando la pandemia.
Meses más tarde, las entidades insisten que nada ha cambiado. Cel Far, una de las voluntarias, ha expuesto situaciones de vulnerabilidad y ha remarcado que, fruto de estas trabas, algunos internos se han quedado sin visitar. En declaraciones recogidas por la ACN, la activista apunta que, justo cuando se conseguía superar los problemas, la policía los ponían en libertad «con un papel en la puerta del CIE y, con un poco de suerte, con una tarjeta de metro».
En el reportaje del TOT Barcelona, Migra Studium ya avisaba que ahora se está obligando el interno a hacer una petición por carta al director –muchos no saben el idioma- pidiendo permiso para ser visitado, un hecho que no pasaba antes de la covid-19. Además, la entidad dice que la duración máxima del encuentro es de 30 minutos.
