Nuevo caso de catalanofobia en Barcelona. Lo ha denunciado este jueves el defensor del pueblo de Barcelona, David Bondia. Los hechos ocurrieron en el Bus Náutico, un servicio público que realiza una travesía marítima entre el muelle de Drassanes y el de Llevant. Según el defensor de los barceloneses ante el Ayuntamiento, una ciudadana no fue atendida en catalán a pesar de que lo solicitó. El Bus Náutico del Puerto de Barcelona lo gestiona la empresa Alsa.
La vulneración de los derechos lingüísticos de la vecina se produjo en el momento en que compró el billete y cuando fue al bar y se dirigió al personal en catalán y no la entendieron. Además, esta persona se quejó de que en la página web del servicio el apartado de los abonos estaba solo en castellano y que al finalizar el viaje recibió una encuesta de satisfacción en castellano. La situación del sitio web se ha resuelto, pero tiene «palabras incorrectas», apunta el defensor.
El defensor demanda garantizar el uso del catalán
La resolución del defensor concluye que se deben revisar los protocolos para garantizar «una respuesta adecuada a la ciudadanía en relación con las quejas o comunicaciones relativas al Puerto de Barcelona». Al mismo tiempo, Bondia plantea que el Puerto colabore con la comisionada de Uso Social del Catalán del Ayuntamiento, Marta Salicrú, para que los usuarios «puedan emplear el catalán en todas las actividades públicas y privadas, sin discriminación, ya que esta tiene la obligación de velar por los derechos lingüísticos y garantizar que toda la información dirigida a la ciudadanía esté disponible en catalán».
La queja llegó al defensor a través de la Oficina de No Discriminación. Bondia denuncia que el Ayuntamiento -como administración pública que forma parte de la Autoridad Portuaria- tardó seis meses en responderle. De hecho, la lentitud de las comunicaciones de todos los gobiernos municipales desde que se creó la Sindicatura, hace dos décadas, es habitual.
El catalán, la lengua propia
Aunque Alsa se disculpó, las cláusulas que regulan la prestación del servicio no especifican las obligaciones de la empresa adjudicataria en relación con los derechos lingüísticos de los usuarios. Pero «la normativa vigente establece que el catalán es la lengua propia y de todas las instituciones, incluidas las empresas y entidades que ofrecen servicios al público. El catalán y el castellano se pueden emplear en todas las actividades públicas y privadas, sin discriminación, y las empresas y establecimientos que venden productos o que prestan servicios en Cataluña deben poder atender a los consumidores en cualquiera de los dos idiomas», subraya el defensor, que remarca que el Bus Náutico debe garantizar que la ciudadanía pueda utilizar el catalán.
