A un día del desalojo programado en el edificio Casa Orsola de Barcelona, la propiedad del inmueble ha insistido en la necesidad de aplicar las resoluciones judiciales que avalan la recuperación de las viviendas ocupadas ilegalmente y ha acusado al Sindicato de Inquilinas de manipular a los inquilinos y hacerles creer que pueden mantener sus contratos indefinidamente sin ajustes de renta.
Según afirman en un comunicado, esta plataforma ha contribuido a crear un falso relato de «desalojos masivos» que no se ajusta a la realidad. Además, han advertido que las campañas de presión y difamación no solo afectan a los propietarios, sino que generan un clima de incertidumbre en el mercado del alquiler, desincentivando la inversión en mantenimiento y en nuevas construcciones, lo que, a su vez, agrava la escasez de vivienda en Barcelona.
La propiedad defiende su compromiso con el diálogo y con la búsqueda de soluciones individuales para los inquilinos. Según explican, todas las personas que han aceptado negociar directamente han llegado a acuerdos justos y sostenibles. Sin embargo, denuncian que ciertos grupos utilizan la vía de la presión y la ocupación para intentar imponer condiciones fuera del marco legal.
En este sentido, exigen el fin de las campañas de hostigamiento y piden a las administraciones competentes que actúen con medidas contundentes para evitar que estas prácticas se perpetúen. Finalmente, la propiedad de Casa Orsola lamenta que la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades y la propagación de narrativas manipuladas sigan obstaculizando la resolución de los conflictos en el sector de la vivienda.
En otro comunicado enviado el miércoles, la propiedad denunciaba «la prolongación ilegal» de la estancia de los inquilinos cuyos contratos han finalizado, así como la «creciente inseguridad jurídica» que enfrentan los propietarios de viviendas en Cataluña. A pesar de obtener sentencias judiciales favorables, los desalojos se han retrasado debido a la lentitud de los procedimientos legales.
Desde junio de 2022, la finca ha experimentado varios episodios de ocupación y prolongación ilegal de la estancia en viviendas cuyos contratos habían finalizado, según la propiedad. Además, denuncian que el Sindicato de Inquilinas y grupos afines han promovido campañas de presión, incluyendo la colocación de pancartas ofensivas y la ocupación de oficinas de la propiedad, con el objetivo de forzar negociaciones colectivas en condiciones ajenas a la realidad del mercado.
La compañía ha señalado que todas las personas que se han puesto en contacto directo para negociar individualmente han conseguido un acuerdo satisfactorio. Sin embargo, ha indicado que cuatro inquilinos, no vulnerables, que siguen la directriz del Sindicato de exigir una negociación colectiva, se niegan a aceptar propuestas razonables y firmes. En este contexto, la propiedad reitera la importancia de garantizar un sistema judicial ágil que permita ejecutar en plazos razonables las resoluciones que avalan la restitución de los inmuebles.
