La atención mediática y social que despierta el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona franca cada vez es más grande, un hecho «impensable hace 15 años», dice la fundación Migra Studium, que visita los internos desde el 2012. El de Zona franca es uno de los 7 CIE que hay en el Estado y acoge medio millar de personas, según los cálculos de la entidad. A la espera de los datos de 2023, el equipamiento continúa la tendencia a la baja que empezó con la pandemia. En los años precovid, la cifra de personas internadas superaba con creces las mil anuales, llegando cerca de las 2.000 en algunas ocasiones. A pesar de todo, el abogado de Migra Studium, Josetxo Ordóñez, explica al TOT Barcelona que el CIE se ha bunquerizado: las restricciones de visitas de la pandemia todavía continúan vigentes y las mujeres están ubicadas en un módulo «pequeño y claustrofóbico».
«Los últimos años están marcados por las dificultades para visitar, impuestas inicialmente por la pandemia, y posteriormente por una decisión judicial y la interpretación hecha por la dirección del CIE desde junio de 2021″, expone Migra Studium en su informe anual. En este sentido, Ordóñez lamenta que el CIE aprovechó la situación excepcional «para blindarse». El abogado explica que, antes de la covid, los voluntarios podían visitar a los internos los siete días de la semana y sin cita. Ahora no solo no es así, sino que se está obligando al interno a hacer una petición por carta al director –muchos no saben el idioma- pidiendo permiso. Además, la entidad dice que la duración máxima del encuentro es de 30 minutos.
Migra Studium también denuncia que la situación con los familiares «es la misma», con unos horarios de visita concretos. La secretaría del CIE, dicen desde la entidad, confirma disponibilidad el mismo día de la visita, sin considerar las necesidades horarias de los parientes del interno. «Nos hemos quejado a la justicia, pero el problema es que ya le parece bien. La jueza que se encarga del CIE no quiere ponerse en contra de la policía», critica Ordóñez. Las restricciones continúan establecidas, aunque la fundación admite que el centro ha reconsiderado algunas posturas: «Antes se efectuaban controles –incluso cacheos personales– para evitar ingresar a los locutorios con los teléfonos móviles». La misma entidad admite que esta restricción acabó el noviembre de 2022 después de muchas conversaciones con el director del CIE.
El año 2013, un juez obligó al CIE la obligatoriedad de establecer unos horarios de visita «bastante amplios», una decisión que se suspendió el marzo de 2020 por la pandemia. Desde Migra Studium aseguran que «desde entonces no se han recuperado unos horarios amplios ni la mecánica de visita». En aquella interlocutoria judicial, a la cual ha tenido acceso el TOT Barcelona, el juez obligaba a establecer unos horarios de visita «de seis horas diarias, de las cuales tres tendrán que ser por la mañana y tres por la tarde». Fuentes de la Policía Nacional aseguran al TOT que las restricciones de la pandemia «se levantaron hace meses», pero detallan que los horarios actuales son 14.30 a 19.30 entre semana, y de 08.30 a 19.30 los fines de semana. «La habilitación del horario por la tarde en lugar de la mañana en días laborables responde a la carga de actividad administrativa más grande durante el horario por la mañana», dice la policía, que defiende que «no se llega a cubrir la cuota de horas de visitas».
Estas mismas fuentes también admiten que los internos ahora «solicitan por escrito [las visitas] y la secretaria del centro concierta día y hora según se acomode el horario al visitante». «Con esto no hablamos de restricción y sí de eficacia en la distribución operativa. Se evitan aglomeraciones de personas a la sala de espera, y visitantes conocen la hora en que acudirán a la visita sin necesidad de esperas», se defienden desde la policía. Migra Studium, en cambio, asegura que los horarios que fija el CIE no siempre concuerdan con las necesidades familiares, hecho que niegan desde la policía. «Cuando hay algún tipo de problema, sea para familiares o para ONG, a acudir por la tarde algún día puntual, se ha habilitado la visita sin ningún inconveniente».
Se estabiliza el nuevo módulo de mujeres, «pequeño y claustrofóbica»
Este año lo CIE ha recuperado el módulo de mujeres, ausente desde 2013. Un hecho que tampoco sorprende a los activistas. «Ya estaba diseñado así desde la apertura del CIE, el 2006, y el 2019 se hicieron obras de rehabilitación para el inicio de internamientos de mujeres. Estas obras se finalizaron justo antes de la pandemia y el módulo se ha utilizado mientras tanto para aislamientos o confinamientos de internos hombres con covid o enfermos. Así que era esperable que cuando se estabilizara la situación sanitaria se procediera al internamiento de mujeres», explica Ordóñez, que especifica que las primeras internas vinieron «por el cierre por obras de su módulo a Madrid». Fuentes del Ministerio del Interior confirman al TOT que el módulo de mujeres continuará vigente a pesar de que el de Madrid vuelva a estar activo.
El abogado lamenta que muchas de ellas sufren problemas de salud mental «graves» fruto de unas condiciones limitadas. «Son pocas y están en peores condiciones que los hombres; son menos, no se relacionan con nadie, solo entre ellas, y están en un módulo muy pequeño que cuenta con un patio que no es ni exterior«. Ordóñez, a quien las internas le han explicado cómo es el nuevo módulo, lo define como un espacio «claustrofóbico» y aprovecha este ejemplo para recordar que «del CIE sales siempre peor que como has entrado».
La abogada de Irídia Marta Vallverdú también ha entrado recientemente al módulo de mujeres del CIE de Barcelona. Admite que el nuevo director es más accesible y explica que la última vez que visitó a las internas le dijeron que «estaban bien». Con todo, avisa que todavía hay bastantes temas a mejorar. «En alguna ocasión pasada me habían llegado a decir que cerraban todas las luces a la vez, hacia las 11 de la noche, y como no tenían acceso a cerrar la de su habitación, no podían irse antes», explica la abogada, que ha podido entrar a espacios poco accesibles. «Me parece un lugar
El internamiento, un acto de «racismo institucional»
Los activistas tienen claro que el cierre de inmigrantes al CIE es un acto de «racismo institucional». Migra Studium defiende que «siempre hay alternativas» y mantienen que, independientemente del que diga la ley, «no hay que tener una persona cerrada en una prisión en condiciones inhumanas para expulsarlo del país». En este sentido, Ordóñez detalla que los internos están retenidos en una celda, tienen horarios de ducha y tiempo limitado para salir al patio. «Soy abogado penalista y es lo que me he encontrado siempre en una prisión. En el CIE no son libres», comenta. La entidad también critica que algunos policías insultan y se comportan «sistemáticamente» de forma racista. «Hay internos que me han explicado que no los dejan rezar en la celda, que les sacan el Corán y les insultan. Ya me dirás tú por qué una persona no tiene que poder rezar», espeta el abogado.
Por su parte, desde Irídia también lamentan que «se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas internas al CIE» porque existen «muchos obstáculos» en los juzgados para que prosperen las denuncias. «En 11 de las 13 denuncias que hemos presentado [entre 2016 y 2022] las personas víctimas y testigos han sido deportadas días después de denunciar sin tomarlos declaración como pedían ni ser visitados por un médico forense», dice Irídia, que considera que el problema «no es ni puntual ni fortuito sino estructural». La abogada Vallverdú mantiene que «se tendrían que contemplar medidas que implicaran ratificar y tomar declaración de forma rápida» y apuesta por hacerlo a través de los juzgados 1 y 30 de Barcelona, que se encargan del control y seguimiento del CIE.
Una operación de maquillaje
Las entidades sociales justifican su argumentario con un nuevo ejemplo, el baremo «irracional» que el ministerio del Interior usa para internar extranjeros. «No se sabe qué criterio utiliza. Por ejemplo, ¿por qué coges a alguien que está muy arraigado al país si ni siquiera tienes el dinero necesario para deportarlo?», se pregunta Ordóñez, que ve en muchos casos un intento de «generar miedo» a los inmigrantes.
«Expulsan quizás a 2.000 personas el año, las mismas que llegan en una sola tongada en las Canarias. Por lo tanto, solo tiene un sentido criminalizador», cometa el abogado, que define estas equipaciones como «una operación de maquillaje«: «Se utilizan para recordarles, a los inmigrantes, que cualquier día pueden ser pillados. Y a la sociedad española, para decirle ‘tranquila, estáis seguros, nosotros los expulsaremos’. Pero los datos no dicen el mismo».
