Las últimas declaraciones de Albert Batlle son la enésima demostración de que el entendimiento entre los colectivos activistas y el teniente de seguridad del gobierno de Collboni es inexistente. En una entrevista en ‘El País’, el también concejal de Ciutat Vella ha acusado a los «antisistema y delincuentes» de usar «a los vulnerables como escudos humanos» en los desahucios. El responsable político de seguridad del gobierno socialista ha puesto de ejemplo un desahucio en Sant Gervasi -frustrado en cuatro ocasiones- de un bloque «que se quedó a medio construir». Un hecho que ha encendido al Sindicat d’Habitatge de Vallcarca, que ha acusado a Batlle y al PSC de «comprar el marco político de la extrema derecha».

Batlle cree que se deben desahuciar las familias de este bloque por motivos de «seguridad», alegando que los menores que residen allí podrían caer «por el hueco de un ascensor». El sindicato lo acusa de utilizar este hecho como excusa para desahuciar «familias enteras» para «evitar una hipotética caída de un niño por un ‘agujero de ascensor'». El grupo activista por el derecho a la vivienda también critica otros fragmentos de la entrevista, que considera «una colección de afirmaciones demenciales que se saca de la manga sin necesidad de argumentar nada».

Cerco al ‘Top Manta’

Batlle no ha cedido en sus posturas contra el ‘Top Manta’, que lo llevaron a discusiones constantes con la exalcaldesa Ada Colau, tal como reconoce él mismo en esta entrevista. «El sindicato de manteros me pidió una entrevista y me negué. Hay un problema social, pero el top manta es una ocupación del espacio público que genera inseguridad y que, además, es delictiva. Hay que ir contra ello», ha vuelto a insistir en la conversación. El sindicato de manteros ha acusado al PSC de perseguir «más manteros negros que traficantes» y acusa a la Guardia Urbana de actuar contra ellos con «humillación».

Collboni y Batlle, esta mañana en Ciutat Vella | Sílvia Jardí - ACN
Collboni y Batlle, en un acto en Ciutat Vella | Sílvia Jardí – ACN

El cerco a los manteros no fue el único escollo que encontró Batlle durante el mandato de Colau. Los Comunes tampoco veían bien poner cámaras en la calle, un hecho que el PSC, ahora solo en la alcaldía, intenta desbloquear. «¿Por qué no podemos tener una ciudad videovigilada en condiciones? Se puede sin tener un Gran Hermano con una cámara en cada esquina», insiste el concejal. El mismo Batlle ha remarcado, en anteriores entrevistas, que el ejecutivo trabaja para añadir 500 cámaras más en una “primera fase” que duraría tres años.

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