Barcelona ha tenido una semana difícil, sobre todo si se piensa en este lunes 6 de noviembre. Había programados seis desahucios en la ciudad, tal como habían alertado en las redes sociales diferentes entidades vecinales en defensa del derecho de la vivienda. Algunos se pudieron parar y, en consecuencia, dar más tiempo a los inquilinos para intentar negociar con la propiedad o buscar alternativas residenciales. Otros, pero, se ejecutaron.
Uno de ellos es el que se produjo en el número 137 de la calle de Calàbria, de la popular Casa Orsola —barrio del Esquerra del Eixample—. Sus vecinos unieron fuerzas el 2021 para que el fondo buitre que la había comprado, Lioness Inversiones, cambiara de opinión y renovara los contratos a los inquilinos una vez se hubieran agotado. Este lunes, pero, se desahució a uno de los vecinos, un joven de 22 años en situación de vulnerabilidad, a pesar de la fuerte oposición vecinal que había alrededor del edificio. Desde la Xarxa d’Habitatge de la Esquerra del Eixample criticaron a través de X el gran despliegue policial con el cual se ejecutó el desahucio: 20 furgones, 140 agentes y violencia policial, según dijeron en una publicación en la red social.
Negociaciones con el Arzobispado
Diferente es el caso del número 20 de la calle de Nou de Sant Francesc —barrio Gòtic—. Tal como alertaron desde Resistim al Gòtic en una publicación en X, la previsión era desahuciar este lunes a los 14 inquilinos después de que el Arzobispado de Barcelona, la propiedad de la finca, «hubiera roto las negociaciones». «Hasta hace unos meses, el procedimiento judicial estaba parado por un proceso de negociación entre las vecinas organizadas, el Ayuntamiento y el Arzobispado, ¡pero la propiedad lo ha reactivado sin aviso!», señalaron desde Resistim al Gòtic. Finalmente, pero, la presión vecinal consiguió el pasado viernes 3 de noviembre que el Ayuntamiento se movilizara y acordara con la propiedad la suspensión del lanzamiento. Los inquilinos y el vecindario no quieren que esto suponga simplemente ganar tiempo y que el lanzamiento se programe por otro día. «Ahora nuestra intención es continuar con la negociación, que el procedimiento se pare para que no se especule con la vivienda y los vecinos se puedan quedar a vivir», insisten al TOT Barcelona fuentes de Resistim en el Gòtic.
Otros desahucios que había programados para el mismo 6 de noviembre tenían como escenarios fincas de diferentes barrios de la ciudad: el número 226 del Passeig de la Zona franca —Hostafrancs—, del número 48 de la calle de Sant Pere Mitjà —el Born—, del número 24 de la calle de Santa Madrona —Poble-sec— y del número 3 de la calle de Sant Bartomeu —El Raval—.
Otro escenario clave esta semana de Barcelona ha sido el espacio de inmigrantes La Tancada, ubicado en las antiguas instalaciones de la antigua Escuela Massana, concretamente en el número 5 de la calle de las Floristes de la Rambla —El Raval—. Este espacio nació hace cinco años, cuando lo ocuparon un grupo de inmigrantes que no tenían lugar donde vivir y, desde entonces, ha sido el hogar de decenas de personas. A finales de octubre, pero, los inquilinos recibieron una notificación de desalojo del Ayuntamiento alegando que vivían en condiciones insalubres y que se habían producido incidentes que habían requerido la actuación de la Guardia Urbana. Desde este miércoles 8 de noviembre, sus inquilinos están en alerta porque el desahucio se podría producir en cualquier momento en caso de que el Ayuntamiento no se haga atrás y acepte negociar.
