El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido a la Generalitat de Catalunya que prohíba el uso del móvil en las escuelas e institutos. Todos los grupos, excepto el PP, que se ha abstenido, han aprobado una propuesta de los Comunes que insta al gobierno catalán a elaborar una normativa, general para todos los centros, que contenga esta prohibición y un proceso de diálogo con la comunidad educativa. Paralelamente, el texto también pide, tanto al Estado como la Generalitat, una regulación del móvil en todas las esferas sociales, sobrepasando el ámbito escolar.
Por otro lado, los grupos ponen deberes al ejecutivo municipal, a quien se le pide que lidere una propuesta en el seno del Consorcio de Educación para redactar «una normativa o directrices claras y de obligado cumplimiento para los centros, yendo más allá de las simples recomendaciones o la apelación a la autonomía de centros». La regidora de BComú, Gemma Tarafa, ha defendido durante su intervención que ciertos usos del móvil generan impactos físicos y mentales negativos, y ha pedido una instrucción y un acompañamiento «claro» en los centros.
En la línea de la propuesta presentada por los Comunes, los grupos han sacado adelante una segunda propuesta, en este caso d‘ERC, para que el Ayuntamiento elabore una guía de recomendaciones sobre buenas prácticas en relación con el uso del móvil. Eva Baró, regidora republicana, mantiene que la problemática va más allá del ámbito escolar «porque el uso, mal uso y abuso del móvil se da durante las 24 horas del día».
El gobierno municipal quiere «unificar» criterios
En su turno, la teniente de alcaldía Maria Eugènia Gay ha remarcado la importancia que esta hipotética normativa cuente con criterios «unificados» y no dependa de la autonomía de los centros. Desde el ejecutivo barcelonés insisten que el Departamento de Educación es quien tiene que liderar la futura normativa, pero remarca que apoyará.
