Barcelona aprobará a finales de mes, si no hay grandes sorpresas, la regulación que permite a la Guardia Urbana llevar pistolas eléctricas. El ejecutivo de Jaume Collboni tiene previsto comprar una veintena para los mandos de la UREP -antidisturbios municipales- y de los turnos de noche, pero no cierra la puerta a ampliar la lista si los jefes de la Urbana lo solicitan en sus informes evaluativos. El texto, que se votará definitivamente en el plenario de junio, incorpora finalmente la posibilidad «de hacer extensiva la dotación de los DTC a toda la plantilla» en función «de la valoración realizada en los informes oficiales anuales sobre el uso de los dispositivos».
El teniente de alcaldía Albert Batlle ha remarcado que Barcelona tendrá «el reglamento más garantista de las policías de nuestro país» y ha restado importancia a la enmienda incorporada. «Los agentes tienen la defensa y el arma de fuego, no tiene sentido generalizar su uso. En cualquier caso, lo que sí se prevé es que se pueda ampliar el número de unidades que puedan recibir, a partir de un proceso de reflexión que se deberá realizar», ha destacado en una atención a los medios. Fuentes de la concejalía hablan de «formalismo» y aseguran que sería «inviable» dotar de pistolas eléctricas a los más de 3.000 agentes del cuerpo. En todo caso, y a pesar de remarcar que a corto plazo «no es previsible» que haya más de los 22 dispositivos previstos, admiten que «valorarán» cada año si es necesario sumar más unidades.

Mantiene el posible uso en menores de 14 a 18 años
Los agentes podrán disparar la Taser si hay «un riesgo racionalmente grave para la vida o la integridad física de terceras personas o del personal policial». El redactado final incorpora cambios quirúrgicos para acotar su uso, pero mantiene la posibilidad de utilizarlas con menores de 14 a 18 años, en contra de las recomendaciones de Naciones Unidas. Desde la concejalía de Batlle defienden que el límite es la edad que fija la legislación española para tener «responsabilidad penal» y argumentan que otras policías -por ejemplo los Mossos- «tampoco incorporan» esta recomendación de la ONU.
En todo caso, desde la concejalía insisten en que los agentes utilizarán la Taser con «sentido común». Un argumento que también utilizan para no eliminar el añadido que rebaja la pulcritud del texto cuando se habla de la prohibición de uso en menores de 14. Los agentes no podrán dispararles «siempre que los o las funcionarios/as policiales actuantes puedan percibir esta condición». Entidades como Irídia o Amnistía Internacional habían pedido un «cambio de paradigma» para que el arma no se utilice «cuando haya dudas sobre la edad».

Se incorpora la salud mental y se aprofunda en la trazabilidad
El equipo técnico y policial que ha trabajado la regulación apunta que el texto es «más restrictivo» y «más garantista» que el primero que se propuso. La nueva versión puntualiza que no se podrá utilizar la pistola eléctrica si un detenido está esposado y prohíbe el uso directo sobre el cuerpo de una persona, sin que haya distancia de por medio. También se aprofunda en la manera en que se hará la trazabilidad de las actuaciones policiales, una «obsesión» durante todo el procedimiento, ha dicho Batlle. Desde un inicio se apuntaba la necesidad de grabar las intervenciones policiales, pero ahora también se suma la obligatoriedad de que las armas compradas tengan incorporada una cámara.

El redactado también incorpora «formación sobre cómo actuar en casos con personas de problemas de salud mental» y obliga a dejar cinco segundos entre descarga y descarga. Las entidades habían pedido que hubiera un máximo de descargas posible, pero el Ayuntamiento lo ha descartado. «Deberán hacerse el mínimo imprescindible, pero sin tope», resalta.
Se usarán a partir del verano de 2026
El ejecutivo socialista ha presentado a lo largo del día el reglamento al resto de grupos municipales. Se prevé que Junts, PP y Vox mantengan el apoyo expresado los últimos meses y queda por ver qué harán finalmente los Comuns y ERC. Los ecosocialistas no lo ven nada claro y los republicanos se abstuvieron en la primera votación. Batlle asegura que el texto final incorpora la mayoría de enmiendas de los grupos y de las entidades sociales y confía en tener «el máximo apoyo posible» en la votación del Pleno. Será el último trámite. Los agentes realizarán la formación necesaria para poder llevar estas armas una vez lleguen las primeras unidades, previstas para Semana Santa, y se espera que puedan utilizarlas el verano de 2026.