El Ayuntamiento de Barcelona ha declarado la guerra total a las rutas de borrachera, que ya estaban prohibidas en Ciutat Vella y en el Eixample y a partir de ahora lo estarán en toda la ciudad. El gobierno municipal ha aprobado un decreto para prohibir “promover, organizar o ejecutar rutas de alcohol” entre bares. Es el llamado pub crawling, una actividad pensada sobre todo para los turistas y que ha generado muchos conflictos con los vecinos. El decreto, que tendrá una vigencia de cuatro años, se ha aprobado inicialmente y aún debe completar el recorrido burocrático pertinente antes de ser definitivo y entrar en vigor.
En Barcelona, las rutas de borrachera comenzaron en Ciutat Vella, un distrito con una gran presencia de turistas y que atrae a mucha gente por su gran oferta de ocio nocturno. El problema se descontroló tanto que el Ayuntamiento las prohibió en el año 2012, pero los organizadores se adaptaron y buscaron fórmulas para pasar más desapercibidos o se desplazaron hacia otras zonas calientes de la ciudad para salir de fiesta. De hecho, el 1 de junio de este mismo año la prohibición de las rutas de borrachera se extendió al Eixample y dos meses después el gobierno municipal ha optado por acabar con el problema prohibiéndolas en toda la ciudad.
Doble problema para la ciudad
“Dado que se ha detectado que esta actividad se produce a lo largo del año, y se podría producir a cualquier hora del día, el nuevo decreto establece que la prohibición no sea estacional, sino permanente, y las 24 horas”, explican desde el consistorio. El negocio del pub crawling es sencillo: consiste en promocionar rutas por diferentes bares y pubs de una zona concreta con el objetivo principal de consumir alcohol. Normalmente, hay un promotor, que es el encargado de buscar los bares, que se adhieren a la ruta y ofrecen cócteles y otras bebidas alcohólicas con descuento. También es quien busca a los clientes y los concentra en uno de los locales para iniciar el recorrido.
Lo que más preocupa al Ayuntamiento es que las rutas de borrachera ofrecen “consumir una o más bebidas, normalmente de baja calidad y de forma relativamente rápida, para pasar inmediatamente al siguiente establecimiento”. Esto supone un doble problema: uno de salud pública —los clientes de estas rutas ponen en riesgo su salud— y uno de convivencia, ya que son actividades que se realizan mayoritariamente al aire libre para ir de un bar a otro y el estado de embriaguez de los participantes a menudo genera molestias a los vecinos e incrementa la presión sobre el espacio público.
Fórmula legal para acabar con las rutas de borrachera
Para darle más solidez jurídica, el decreto se basa en los objetivos de la Ley 20/1985, de 25 de julio, de prevención y asistencia en materia de sustancias que pueden generar dependencia por la “necesidad de proteger la salud pública dada la naturaleza de la actividad y los evidentes efectos nocivos que tiene sobre los participantes”. El texto de la nueva Ordenanza de Convivencia que se ha aprobado este julio también contemplará la prohibición específica de las rutas de borrachera: “También se prohíbe especialmente organizar, vender o realizar circuitos o itinerarios por varios establecimientos de pública concurrencia o locales de ocio de la ciudad, con la finalidad principal de que las personas que participen consuman bebidas alcohólicas de forma continuada, así como trasladar o retornar a estas personas”.
