El Ayuntamiento de Barcelona ha declarado la guerra a los dulces de cannabis y ha anunciado que reforzará las inspecciones en tiendas para impedir su venta. La decisión llega después de que el Ministerio de Sanidad los haya prohibido en todo el Estado. Una vez aprobada la orden ministerial, el Ayuntamiento ha elaborado un decreto de alcaldía que impulsa las inspecciones en todos los distritos, en coordinación con la Agencia de Salud Pública y la Guardia Urbana, para detectar y castigar la venta de estos productos. El teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, ha explicado que el consistorio ya se ha puesto en contacto con la fiscalía y el Ministerio de Sanidad para que concreten cuándo se podrán iniciar acciones penales.
La orden de Sanidad prohíbe la venta y distribución de dulces de cannabis en todo el estado español e incluye elementos habitualmente presentes en este tipo de productos en el Real decreto del año 77 que regula las sustancias y preparados medicinales que incluyan psicotrópicos. Aunque los dulces de cannabis no incluyen el principio activo presente en la marihuana, sí están hechos con elementos semisintéticos que se derivan y que pueden provocar efectos similares y, a veces, incluso más acusados. Al tratarse de sustancias “cannabinoides” sin ninguna aplicación farmacológica, es necesario aplicar “mecanismos de control”, justifican las autoridades sanitarias.
Un centenar de tiendas vigiladas
La concejala de Salud, Marta Villanueva, ha explicado en una atención a los medios que el Ayuntamiento de Barcelona ha querido actuar con rapidez para impedir lo antes posible la venta de estos productos. El consistorio estima que en la ciudad hay un centenar de tiendas que venden este tipo de productos, tanto grow shops como establecimientos de alimentación. Hasta ahora, el Ayuntamiento ya intentaba ejercer cierto control sobre la venta de dulces de cannabis porque se vendían como productos de alimentación y si se comprobaba que contenían CBD se podían iniciar acciones administrativas. Con la nueva regulación, el consistorio puede actuar de manera “más contundente” porque puede recurrir a la vía penal.
