El Parlamento Europeo vivió este septiembre una de las votaciones de peso más disputadas de los últimos tiempos. Los grupos aprobaron con 363 votos a favor, 226 en contra y 46 abstenciones una propuesta para endurecer la normativa actual sobre la calidad del aire, un reglamento que fija los límites de concentración de contaminantes y partículas en suspensión permitidos, que en algunos casos no se modificaban desde hacía casi veinte años.
«La contaminación del aire en Europa exige una acción inmediata. Tenemos que alinear nuestros estándares con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y necesitamos ser ambiciosos para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos», señalaba con contundencia hace un mes el eurodiputado socialista y poniente de la proposición, Javi López, poniendo énfasis en las 300.000 muertes directas o indirectas que provoca anualmente la polución ambiental en toda la Unión Europea. La propuesta -que también establecía una monitorización más efectiva y representativa de los contaminantes y un mayor control del cumplimiento de los límites legales- contó con la negativa de los representantes del PP, que se alinearon con Vox y los sectores más conservadores de los estados miembros para intentar dinamitar sin éxito la proposición, que ahora ha entrado en un proceso de negociación previsiblemente difícil, pero que tendría que culminar con el visto bueno de la Comisión Europea.
Barcelona irrumpe en el hemiciclo
Más allá de escenificar una importante división en el hemiciclo, el hito sirvió para poner en el centro del debate la necesidad o no de adoptar medidas como las zonas de bajas emisiones (ZBE) o las supermanzanas, dos iniciativas que en Barcelona levantaron inicialmente mucha polvareda y que años después de su implantación siguen despertando la animadversión de un sector importante de la población.
De hecho, el texto secundado por la cámara introduce esta restricción del paso de los vehículos más contaminantes como una de las mejores políticas para reducir esta contaminación ambiental, situando la capital catalana como un ejemplo pionero de aplicación de esta. Este extremo contrasta con el posicionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que tumbó la normativa en marzo del 2022 por «falta de informes que avalaran algunas restricciones, exceso del ámbito geográfico de implantación y excesiva restricción del tipo de vehículos afectados».
Reveses fruto de la «politización» de las medidas
«Las zonas de bajas emisiones son una de las herramientas que se han demostrado más efectivas para mejorar la calidad del aire. Los cambios siempre provocan resistencias, ya lo vimos cuando se prohibió fumar en los bares o los hospitales, por eso, cuando se aplican este tipo de políticas, se tienen que medir bien los tiempos, adaptándolas para facilitar la aplicación«, asegura López en declaraciones al TOT Barcelona desde las instalaciones parlamentarias de Estrasburgo. A pesar de los reveses judiciales y las críticas recibidas, el eurodiputado socialista considera que la ZBE de la capital catalana es «pionera» y una «referencia» a seguir para el resto del estado español.
Sobre esta polarización respecto a las medidas que se repite tanto en el ámbito supraestatal como en el municipal, el ponente de la propuesta lamenta que las directivas en muchos casos acaben politizándose en vez de regirse por criterios como los que marca la OMS u otros organismos medioambientales. «En el Parlamento Europeo hemos visto como en los últimos meses se rompía el consenso verde que habíamos ido construyendo estos años y como los populares saltaban de diferentes directivas, probablemente guiados por una lógica electoral y pensando en los comicios europeos del 2024. El
Una cuestión de formas e instrumentos
Las supermanzanas merecen un capítulo aparte en este debate. A pesar de que la propuesta ahora en manos de la Comisión Europea no hace referencia directa al proyecto estrella del ejecutivo liderado por Ada Colau, los múltiples elogios internacionales que ha recibido la polémica iniciativa y el carácter del documento aprobado, pidiendo contundencia para mejorar la calidad del aire, parece indicar que Europa mira a priori con buenos ojos las pacificaciones impulsadas en los últimos ocho años desde el consistorio barcelonés.
«Nosotros no decidimos la política urbana de la ciudad. Sabemos que electrificar el parque de vehículos es uno de los objetivos para combatir el cambio climático y que la pacificación de calles también es una herramienta efectiva para mejorar la calidad del aire, así como la apuesta por el transporte público y la movilidad sostenible. Este tipo de medidas son el camino a seguir, sin embargo, decidir cuál es la calle que se tiene que pacificar, esto es un debate que dejaría para el Ayuntamiento», apunta López. Las directivas europeas no entran, pues, en las formas e instrumentos con los cuales se aplican estas políticas, un hecho que explica la decisión del Juzgado Número 5 de Barcelona de ordenar revertir la reforma que ha pacificado uno de los tramos de el calle del Consejo de Ciento al considerar que se ha modificado de manera «encubierta» el Plan General Metropolitano (PGM) vigente.
Reglas más estrictas para las aguas residuales
Por otro lado, el Parlamento Europeo ha aprobado este jueves la revisión de otra medida ambiental que también afecta de manera directa a Barcelona. Se trata de la actualización de la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales, un reglamento que no se modificaba desde su entrada en vigor el año 1991 y que ha salido adelante con 420 votos a favor, 62 en contra y 84 abstenciones.
«Esta revisión quiere actualizar algunos aspectos de la normativa e introducir otros de nuevos, una cuestión especialmente necesaria si tenemos en cuenta que las medidas no se han modificado desde su adopción», explica la eurodiputada danesa de los verdes Margrete Auken en declaraciones al TOT Barcelona. Entre los cambios más destacados, la cámara europea propone un control más estricto de los contaminantes que se aboquen provenientes de las industrias, principalmente farmacéuticas y cosméticas, y la introducción de planes específicos para reducir al mínimo los vertidos de aguas residuales a mar provocados por el desbordamiento del sistema de saneamiento cuando hay episodios de lluvia intensa.
Según precisa Auken, si las negociaciones con la Comisión Europea fructifican en la modificación de la normativa, esto implicará que ciudades como la capital catalana tendrán que ponerse las pilas para invertir en mejoras del sistema de recogida y tratamiento de las aguas residuales y sus infraestructuras para poder cumplir con el reglamento y obtener «beneficios significativos» en cuanto a la salud pública y el medio ambiente.
