Barcelona ha iniciado el debate sobre cómo hacer efectiva la justicia de proximidad, un tipo de tribunales especializados que tendrían que servir para agilizar trámites jurídicos menores que afectan sobre todo a causas vinculadas al día a día de la ciudad. En el marco de la Comisión de Urbanismo, los grupos han constatado que la justicia está «saturada» y apuntan que unos tribunales «especializados» ayudarían a hacer frente a temas como la multirreincidencia o determinados problemas de convivencia. ERC ha pedido que el Ayuntamiento aproveche la renovación del tramo estatal de la Carta Municipal de Barcelona –documento marco que otorga competencias en la ciudad– para «desplegar» la justicia de proximidad y definir «qué modelo implantar» en Barcelona.
«Es evidente que la justicia hoy se encuentra saturada, hecho que genera desconfianza en la justicia, inseguridad jurídica y una percepción negativa del funcionamiento de las instituciones», ha apuntado en su intervención el regidor republicano Jordi Coronas. ERC pretende crear un sistema jurídico «más próximo» a la ciudadanía y «más democrático». Un modelo, dicen los republicanos, que ya han implantado algunos países europeos y focaliza los esfuerzos en resolver de forma «rápida y eficiente» algunas demandas ciudadanas.
La proposición ha contado con el voto favorable de todos los grupos, salvo de la extrema derecha, y con una complicidad excepcional del gobierno municipal. «La vía judicial no garantiza un acceso a la justicia rápido y eficaz, por lo tanto, tenemos que ser capaces de apostar por fórmulas alternativas», ha respondido la segunda teniente de alcaldía Maria Eugènia Gay, que ha admitido a la vez que la reforma de la Carta de Barcelona «abre una puerta» para abordar el conflicto y ha mostrado una «disposición total» del gobierno para que salga adelante la renovación del documento.
Unanimidad casi general
Solo VOX se ha mostrado en contra de esta propuesta, que, en cambio, sí que cuenta con el visto bueno del resto de grupos. El regidor de Junts Jordi Martí Galbis ha recordado que su grupo ya presentó una propuesta «con contenido similar» en 2022 y ha insistido que la justicia «solo es justa si es rápida». Los juntaires ven bien aprovechar la Carta de Barcelona para implementar unos juzgados de proximidad, pero avisan que hay que ir más allá porque este tipo de justicia «tampoco es la panacea».
En términos bastante similares se ha pronunciado el grupo municipal del PP, que citan el incivismo y la inseguridad como «los dos grandes retos» de Barcelona. El portavoz popular, Juan Milián, cree que los órganos judiciales de carácter municipal podrían tratar «algunas situaciones de tráfico» o conflictos relacionados con este «incivismo».
También andan en esta dirección los Comunes de Ada Colau. El regidor Marc González ha celebrado que Barcelona quiera abordar este debate, y ha citado diferentes motivos para instalar una justicia de proximidad. Más allá de la multirreincidencia, palabra que se ha repetido en las intervenciones de PP y Junts, González también ha hecho valer que los nuevos juzgados «podían resolver conflictos turísticos». Los Comunes han puesto de ejemplo el auge de los pisos turísticos y los problemas que han causado en algunas escalas de vecinos.
