Barcelona ha presentado su candidatura para albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), según ha informado El Periódico y ha confirmado la Agencia Catalana de Noticias (ACN). El gobierno municipal lo aprobó en la comisión de este jueves porque el plazo para presentar terminaba este mismo viernes. La capital catalana competirá con las ciudades españolas de Granada, Zaragoza o Lugo, entre otras. El Ayuntamiento ha propuesto el edificio Ramon Llull, en el recinto de la Escola Industrial, tras llegar a un acuerdo con la Diputación de Barcelona, que es la titular del espacio, de unos 8.000 metros cuadrados. La Generalitat también apoya la iniciativa.
El gobierno de Jaume Collboni argumenta que ubicar la Agencia Estatal de Salud Pública en Barcelona “contribuirá a la cohesión social y territorial del Estado, contribuyendo a vertebrar un estado diverso mediante la desconcentración de entes y servicios públicos generales, potenciando la colaboración en red”.
Los requisitos para acoger la sede de la AESP incluyen disponer de un espacio de 4.000 metros cuadrados –Barcelona ofrece el doble– para alojar una plantilla de 300 trabajadores, aunque en un primer momento serán menos. Está previsto trasladar a la nueva ubicación el personal del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ahora en el Ministerio de Sanidad, y del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto, en el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Puntos fuertes y débiles de la candidatura de Barcelona
Entre las ventajas del edificio Ramon Llull está una buena conexión con la red de transporte público de la ciudad, ya que está cerca de la Estación de Sants, que ofrece conexión con el aeropuerto y también con la alta velocidad. El edificio necesita una remodelación completa, pero con una intervención mínima se podrían habilitar los primeros 500 metros cuadrados durante el segundo semestre del año. El punto más delicado es el de la vivienda. La capital catalana es una de las ciudades más caras del Estado para vivir, pero el Ayuntamiento defiende que hay una “oferta inmobiliaria suficiente y competitiva” y que en los últimos años el Parlamento y el consistorio han impulsado medidas para mitigar los efectos negativos y aumentar la oferta de alquiler residencial.
