El Ayuntamiento de Barcelona propone una modificación de la legislación para mejorar la lucha contra los ladrones multirreincidentes. La iniciativa surge de las conclusiones de la comisión de estudio para afrontar la multirreincidencia delictiva, que ha aprobado un documento con aportaciones de todos los partidos del consistorio menos Vox y los Comunes. El documento lamenta el aumento de las detenciones de personas que cometen hechos delictivos -principalmente hurtos y robos con violencia- con reiteración, si bien «la buena tarea policial no se traduce en un descenso del fenómeno». En este sentido, el informe apunta a deficiencias en la última reforma del Código Penal, así como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La comisión apunta a varias cuestiones, como por ejemplo la corta vigencia de la versión más reciente del Código, que dificulta una aplicación completa; la carencia de recursos humanos dedicados a la planta judicial o la especificidad de los hurtos de teléfonos móviles como tipo penal, hecho que «dificulta luchar» de forma eficiente contra la reincidencia. También apunta que la carencia de homogeneidad legislativa favorece la presencia de ladrones multirreincidentes a los países con normas más garantistas, donde la penalidad es menor.
Después del posicionamiento de la comisión, su presidente Jordi Martí, regidor del grupo TriasxBCN, ha celebrado el que considera un «paso adelante importante». Para el representante, la situación de la multirreincidencia en Barcelona está entre las más graves del Estado, y su grupo «no se conforma» con este contexto. Una coyuntura que atribuye a «la actitud de comprensión y poco proactiva» de los últimos gobiernos municipales de Jaume Collboni y Ada Colau para «enfrentar» este problema social. Esta permisividad, continúa, habría generado un «efecto grita» y una «sensación de impunidad» entre los perpetradores. Más allá de la aproximación política, Martí se ha referido al alta afluencia de turistas de la ciudad como uno de los factores que favorecen la reincidencia. Con todo, subraya la «obligación política y moral» de la ciudad y el consistorio de reclamar los cambios legales necesarios, a pesar de que las competencias municipales en el ámbito sean limitadas.
Justo es decir que, en la salida de la comisión, se han generado tensiones entre los partidos: el regidor de los comunes Marc Serra ha considerado que las conclusiones parecen «ya escritas desde el principio»; mientras que el Partido Popular se ha cuestionado por qué otras ciudades no tienen los niveles de reincidencia de Barcelona a pesar de que la legislación sea la misma. ERC, por su parte, ha considerado un «fracaso» la comisión, dado que ha hecho propuestas «contra la opinión mayoritaria de los expertos», como por ejemplo las modificaciones del Código Penal.
Grandes cambios
El documento recoge varias modificaciones legislativas dirigidas a mejorar la cobertura del Código Penal respecto de la multirreincidencia, así como leyes que afectan la judicatura, como la de Enjuiciamiento Criminal o la de Demarcación y Planta Judicial. En concreto, el documento propone instar los grupos parlamentarios a modificar varios artículos con el objetivo de «corregir los déficits» detectados a la modificación del 2022; añadiendo además una pena de prisión de 1 a 3 años para el robo de dispositivos tecnológicos. También se propone incluir la reincidencia como circunstancia agravante a un delito, así como un cambio en el artículo 66.2 para mejorar la discrecionalidad judicial para tratar casos de delitos leves. El texto recoge también la necesidad de incrementar los recursos de la judicatura, mediante un aumento del número de juzgados, juzgados de guardia, jueces de refuerzo y juzgados de ejecutorias; así como una ampliación de los recursos «Humanos y materiales» existentes.
Más allá de las cuestiones legislativas, las conclusiones de la comisión aportan una visión social de la cuestión, reclamando el despliegue de medidas alternativas para aquellas personas que, puntualmente, cometan actos delictivos a causa de una situación de vulnerabilidad. En este sentido, recogen la incorporación de trabajadores sociales a los juzgados. También recogen un mejor acompañamiento a los profesionales de las prisiones para que el sistema vaya dirigido a la reinserción, hecho que requiere, tal como antes, más recursos humanos y materiales. Contemplan, además, un acompañamiento a la familia de la persona reclusa con el objetivo de evitar que se agravie una posible situación de precariedad preexistente. Finalmente, apuntan a una colaboración con los vecinos para reducir el impacto económico de los delitos.
