El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho balance esta semana del Plan Endreça, un dispositivo que se ha puesto en marcha durante los primeros meses de mandato para «eliminar la sensación de inseguridad y mejorar la limpieza». Un plan que ya lleva cerca de tres meses activo y que el ejecutivo ha convertido en su medida estrella. Toca, dicen, «poner orden» a la ciudad y, por eso, el nuevo gobierno de Jaume Collboni ha incrementado las sanciones en la calle y ha querido mostrar firmeza con las empresas concesionarias de la limpieza en los despachos.
En el marco de este plan, el Ayuntamiento ha hecho público esta semana el número de pintadas borradas. En total, el ejecutivo asegura que se han hecho unas 17.000 actuaciones entre julio y agosto que han servido para eliminar cerca de 39.000 m² vandalizados. A pesar del millar de pintadas que se han borrado este verano, la Guardia Urbana solo ha puesto 55 denuncias por este tema, 27 más, eso sí, que durante los meses de julio y agosto del año pasado.
Ciutat Vella es el distrito con más pintadas, y Les Corts, el que menos
Las actuaciones, así como el volumen de pintadas borradas, es bastante desigual entre los diferentes distritos. Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts, por ejemplo, ni siquiera llegan al millar de actuaciones. Es más, Les Corts no supera las 500. Son, con solo 1.018 y 487 m² eliminados, respectivamente, de largo, los dos distritos con menos pintadas en sus paredes.
En el otro extremo encontramos los distritos de Ciutat Vella, San Martí y Gràcia, que superan con creces las 3.000 actuaciones. Las brigadas de limpieza han borrado 5.915 m² en Gràcia, 7.300 en Sant Martí y más de 8.000 en Ciutat Vella, siendo, esta última, el área de todo Barcelona más castigada por los grafitis. En un punto mediano encontramos el resto de distritos: Sants-Montjuïc (4.720 m² eliminados), Horta-Guinardó (3.975), Nou Barris (3.260), el Eixample (2.265) y Sant Andreu (1.993).
Presión sobre las concesionarias
Otro de los aspectos del Plan Endreça que reúne los principales esfuerzos del Ayuntamiento es el control sobre las concesionarias. En este sentido, el ejecutivo de Collboni ha detectado 170 cumplimientos: el 35% por equipos no encontrados, el 30% por cambios en el tratamiento de limpieza y el 35% por falta de trabajadores. Una situación que desde el gobierno no quieren tolerar y, por eso, esta semana han remarcado que pedirán los 294.800 € correspondientes «a la repercusión económica de las faltas».
