Amplio consenso en el Ayuntamiento de Barcelona para que las guarderías privadas que lo deseen puedan pasar a la red de escuelas públicas. La comisión de derechos sociales del Ayuntamiento ha aprobado inicialmente este martes una normativa que lo haría posible. El aval de los Comunes, ERC y el PSC y la abstención de Junts han permitido que la regulación supere el primer trámite y ahora se abre un nuevo periodo en el que los grupos deben pactar el texto final que pasará al Pleno. La nueva norma plantea el cambio de propiedad solo de aquellos centros privados que lo soliciten. En estos momentos, hay dos, la escuela Sol Solet y el Ágora, ambas en el Eixample, que han hecho pública su voluntad de adherirse a la red pública de escuelas infantiles.
El concejal de Educación, Lluís Rabell, ha admitido que hay pocas plazas públicas. «Es necesario encontrar los medios y los caminos para ir ampliando la red, con la construcción propia y también incorporando otras maneras», ha remarcado. El socialista se ha mostrado favorable a la normativa, que han presentado y defendido los Comunes, pero ha dejado claro que el trámite no será inminente. «Seamos conscientes de que, al poner en marcha ahora la maquinaria, tardaremos unos cuantos meses en tener la regulación», ha apuntado, fijando la hipotética aprobación definitiva en otoño. Rabell ha matizado, en todo caso, que la normativa no solucionará por sí sola el problema de las guarderías y ha pedido encontrar más alternativas.
El concejal de los Comunes, Pau Gonzàlez, ha defendido la propuesta argumentando que «dos de cada tres escuelas se plantean cerrar a corto plazo». «Vivimos en una ciudad muy densa y tenemos problemas de plazas sobre todo en el Eixample y Gràcia», ha defendido el concejal. Los Comunes trabajaron en esta normativa el mandato pasado e insisten en que tienen todos los informes necesarios para sacarla adelante. Las escuelas partidarias de la adhesión -dos de ellas con representación en la comisión de este martes- confían en que esta vez sea la definitiva, pero han recordado, a la salida de la comisión, que han visto «muchas veces» diferentes administraciones archivar en un cajón iniciativas como esta.
Con la aprobación inicial de la regulación se abren días de negociaciones entre los grupos antes de llevarla al Pleno. La concejala ‘juntaire’ Neus Munté se ha mostrado partidaria, recordando que otros municipios, como l’Hospitalet de Llobregat, ya tienen una normativa similar. En todo caso, ha advertido que es necesario «intensificar» el diálogo con el sector durante el periodo de negociaciones que ahora se abre. «Nos consta que este trabajo que se ha hecho es mejorable», ha remarcado.
ERC se ha mostrado menos beligerante, argumentando que es necesario «sacar plazas [públicas] de debajo de las piedras». La concejala Rosa Suriñach ha argumentado que con la construcción de nuevos centros «no llegaremos a la demanda» que hay actualmente y ha propuesto encontrar «soluciones variadas». El PP y Vox se han desmarcado, acusando a los Comunes y al gobierno de querer hundir la escuela privada.
¿Qué condiciones plantean?
El borrador de la normativa, al que ha tenido acceso el Tot Barcelona, exige al Gobierno estudiar las propuestas de integración que lleguen a Sant Jaume -que deberán salir de las direcciones de los centros y previo aviso a las familias- en un periodo máximo de seis meses. Con el cambio a la red pública se mantendrían los maestros con contratos indefinidos y que disponen de las titulaciones exigidas por el Ayuntamiento en sus escuelas infantiles. El mismo texto menciona que en aquellos casos que no se cumplan los requisitos «deben resolverse con anterioridad al eventual acuerdo de subrogación».
El cambio también garantiza la continuidad del alumnado inscrito en el momento en que el centro presente la solicitud de adhesión a la red pública y supondría la aceptación de las condiciones municipales, que asumiría la gestión: el horario, el calendario, los precios públicos y el resto de condiciones de funcionamiento del centro integrado.
