El caso del segundo agente de la policía española que se habría infiltrado en diferentes movimientos sociales de Barcelona para espiarlos desde dentro ha traspasado fronteras. Casi un centenar de organizaciones y plataformas internacionales de unos veinte países han firmado un manifiesto de apoyo a las cinco activistas que denunciaron a este miembro del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).
En un comunicado conjunto, las entidades firmantes consideran que es esencial exigir «verdad, justicia y reparación» para evitar que unos hechos así se puedan volver a repetir. «El estado español ha traspasado todas las líneas rojas en cuanto a la vulneración de derechos fundamentales, llegando al extremo de utilizar las relaciones sexoafectivas como herramienta de espionaje para monitorizar la disidencia política», insisten las organizaciones, que también piden el gobierno español que pare inmediatamente cualquier otra operación policial de carácter similar.
Con este manifiesto, las plataformas internacionales reclaman al Estado, y en concreto al Ministerio de Interior, que asuma responsabilidades ante la gravedad de los hechos, que dé explicaciones y procure la rendición de cuentas, tanto del agente ejecutor como de los responsables policiales y políticos. En este sentido, las entidades recuerdan que el gobierno español tiene el deber de investigar de forma independiente, exhaustiva y efectiva las denuncias por torturas para evitar recibir una nueva reprimenda por parte del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), que ya ha condenado al Estado en hasta trece ocasiones por no investigar denuncias de este tipo.
Por otro lado, en el documento también se expresa la necesidad de contar con mecanismos externos e independientes de control de la policía que puedan llevar a cabo este tipo de tareas con garantías, tal y como ya se hace en otros países.
Una infiltración profunda
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