La vida de Jordi Callejo dio un giro de 180 grados el 29 de enero del 2022. Después de cerca de trece años trabajando para una compañía barcelonesa de relojes, este técnico de profesión sufrió de un día para otro un presunto caso de discriminación racista por parte de su encargado. Según denuncia la víctima, los hechos tuvieron lugar en las instalaciones que la empresa tiene en Mataró en el marco de una conversación distendida entre los empleados y el responsable de uno de los departamentos internos, cuando Callejo le hizo un comentario en tono humorístico a su jefe y este respondió virulentamente insultándolo.
Dos años después de estos hechos, el incidente continúa sin resolverse y está actualmente en manos tanto de Inspección de Trabajo como de la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona. Este mismo martes se tenía que celebrar un acto de mediación entre empresa y trabajador, pero finalmente la compañía decidió no presentarse a la cita, un movimiento que podría derivar en una sanción económica. Desde el incidente, Callejo no se ha vuelto a reincorporar a su lugar de trabajo. Viendo que los intentos de abordar la problemática durante estos meses resultaban infructuosos, de la mano de varios sindicatos como la CGT o la Intersindical, se impulsó a finales del pasado mes de abril una protesta multitudinaria a las puertas de las instalaciones de la empresa en Mataró.
🔴⚫️ Hoy la empresa #MareaWatches no se ha presentado a la mediación con el compañero Jordi. @cgt reclamamos la retirada de la sanción y el fin del actitut racista del encargado de la empresa.
Basta represión ‼️
Si toco a uno, nos tocan a todos 💪🏴 pic.twitter.com/j4tjgnlkif— CGT BarcelonⒶ (@cgtbarcelona) July 23, 2024
Sanción de la empresa y el proceso para dibujar un camino legal
Esta acción reivindicativa ha desembocado en una suspensión de 60 días de sueldo y trabajo para Callejo, que tiene previsto recorrer la sanción al considerar que de este modo se está vulnerando su derecho tanto a protesta como sindicalizarse. En paralelo, el empleado tiene en curso una denuncia por un delito de odio y por daños morales y psicológicos a su persona, un proceso que podría desencadenar el despido del responsable protagonista de este presunto episodio de discriminación. «No existen prácticamente casos de despidos por discriminación racista porque la mayoría de las veces lamentablemente no se llegan ni a denunciar. La gente calla y esto hace que no haya jurisprudencia«, apunta el exconsejero republicano, que confía que su caso pueda marcar el camino legal a seguir y aliente a los trabajadores que sufran este tipo actitudes y vejaciones a denunciar sus casos.
