Acció Cassandra, la entidad impulsada por los abogados Lluís Gibert y Josep Rosell, ha presentado este miércoles una denuncia a la fiscalía por un presunto delito de odio contra la compañía Teatro Sin Papeles por los gags catalanófobos de la obra Esas latinas, que se representaron en un acto organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, concretamente, y para más inri, en la presentación del Informe del Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona del 2024. Según la denuncia a la que ha tenido acceso este diario, se pide al ministerio público que investigue los hechos e impulse «los correspondientes procedimientos penales contra los autores de los delitos denunciados». Fuentes de Acció Cassandra han explicado al TOT Barcelona que en un principio no tenían pensado hacerlo, pero que han dado el paso porque formaciones y entidades, como la CUP y la ANC, habían reclamado llevar el caso a Fiscalía, pero no lo habían hecho. Además, consideran que el ministerio público debería haber actuado de oficio, pero con esta denuncia formal tendrán la obligación de entrar y valorarlo.
En la exposición de los hechos de la denuncia, Acció Cassandra expone que la obra, interpretada por un colectivo de mujeres inmigrantes de origen latinoamericano, «ridiculizaba la lengua catalana y ridiculizaba los derechos lingüísticos de los catalanohablantes, transformándose en un acto claramente catalanófobo». En este sentido, remarca que hay un momento de la obra en el cual la protagonista intenta que una médica le explique un informe médico, pero la médica le responde en catalán. «Esta interacción resalta la barrera lingüística en un ámbito crítico como la salud y contraviene del todo la realidad en que las denuncias por maltrato lingüístico siempre son de catalanohablantes que no son atendidos por médicos que no saben hablar el catalán y no al revés», sentencia.
También recuerdan que la frase «¡Habla catalán!» es utilizada de manera recurrente y con un tono de voz «alto y desafiante», una situación que Acció Cassandra considera que refuerza «la percepción de una falsa presión lingüística sobre los inmigrantes ridiculizando a los hablantes de la lengua catalana con la clara intención de estigmatizar a la minoría nacional catalana promoviendo su rechazo y avivando un sentimiento de animadversión contra ella por el hecho de vivir en un entorno cultural catalán». Finalmente, consideran que el final de la obra, de la que adjuntan los cortes de vídeo, «busca crear un sentimiento de odio, animadversión y hostilidad contra la minoría nacional catalana». Por otro lado, recoge la posición del Ayuntamiento de Barcelona, como organizador del acto donde se representó la obra, y recuerda que la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, admitió el error por no haber supervisado el contenido completo de la obra, pero descartó dimisiones a consecuencia de la polémica. «Todo esto es una clara muestra del contenido ofensivo de la representación que se había llevado a cabo en el marco de un acto organizado por el propio Ayuntamiento», concluye.
El razonamiento jurídico de la denuncia
La entidad impulsada por Gibert y Rosell entiende que estas actuaciones pueden ser constitutivas de «un delito de odio contra la minoría nacional catalana» y defienden que encajan perfectamente con la tipificación del artículo 510.1 del Código Penal, que contempla penas de prisión de uno a cuatro años y multas de seis a doce meses para aquellos que «públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad».
Asimismo, subrayan que la especial protección de minorías nacionales o lingüísticas está determinada por el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y también hacen alusión a el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre la prohibición de discriminación. Además, recuerdan que en casos de violencia discriminatoria por parte de funcionarios estatales o de particulares, como por ejemplo el de Abdu contra Bulgaria o el de Milanović contra Serbia, entre otros, «se ha exigido a las autoridades estatales que lleven a cabo una investigación efectiva y adecuada y que investiguen si la violencia en cuestión se basó en motivos discriminatorios y si sentimientos de odio o prejuicio sobre la base de las características personales de las personas involucradas había jugado un papel en los hechos».
El Gobierno descarta actuar por la vía penal
La denuncia se presenta el mismo día que el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha anunciado en sede parlamentaria que no apuesta por la vía penal para combatir este tipo de discursos porque considera que estos discursos catalanófobos «no se les puede derrotar en los tribunales» y apuesta por desmontar «estos discursos que hacen el juego de la extrema derecha» con argumentos. Aun así, Vila ha trasladado a los diputados que su departamento ha pedido un informe jurídico sobre el gag catalanófobo, que ha calificado de «absolutamente inadecuado». Además, Vila ha afirmado que ha estado en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona para trasladarle el malestar del Gobierno y exigir actuaciones ante un sketch que «tergiversa la realidad». Aun así, hasta ahora, el alcalde Jaume Collboni y su equipo se han limitado a pedir disculpas por no haber revisado el contenido de la representación que se hizo durante la presentación del Informe del Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona del 2024.
