Varapalo al gobierno en minoría de Jaume Collboni de buena parte de la oposición por el nuevo protocolo de Alojamiento Temporal Urgente (ATU), que regula la atención social de las familias vulnerables en Barcelona, a instancias de Barcelona en Comú. El partido de Ada Colau ha presentado una proposición en la que pedía la retirada del citado protocolo, que fomenta el desahucio de familias vulnerables una vez pasados los primeros seis meses de atención social, según los Comunes. La iniciativa ha sido aprobada con los votos favorables de Barcelona en Comú, Trias per Barcelona y ERC, mientras que el PSC y Vox no la han apoyado y el PP se ha abstenido. Alojamientos temporales son, por ejemplo, hostales, albergues e, incluso, pisos turísticos.
A pesar de que la proposición ha recibido luz verde con los votos de 25 de los 41 regidores del pleno, ni el alcalde ni la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Maria Eugènia Gay, se han mojado en decir que acatarán la decisión del pleno -no están obligados-, lo que hace pensar que el protocolo seguirá en vigor a pesar de que ha recibido numerosas críticas de sindicatos de vivienda de la ciudad, que esta semana ocuparon la sede municipal de los servicios sociales y estaban presentes en el pleno. Incluso la regidora de Trias per Barcelona, Neus Munté, a las antípodas de los Comunes, ha pedido al gobierno que «se dé cumplimiento» a la decisión del pleno y retire un protocolo hecho desde los despachos. La ex consejera de la Generalitat ha recordado que se trata de personas «alta vulnerabilidad» y difícilmente pueden rehacer sus vidas en seis meses.
Evitar que haya personas que duerman en la calle
La regidora Carolina Recio ha sido la encargada de defender la proposición de los Comunes. La formación de Colau ha asegurado que la propuesta de retirada del nuevo protocolo responde al hecho de que ningún vecino ni vecina de la ciudad, atendidos por servicios sociales y en situación de vulnerabilidad, se vean abocados a dormir en la calle. Y ha planteado «abrir un proceso de diálogo y trabajo con las profesionales de los Centros de Servicios Sociales para acordar como mejorar el acompañamiento de las personas que se encuentran en situación de emergencia habitacional, así como acordar con la representación sindical todos aquellos aspectos que impliquen cambios sustanciales en las condiciones de trabajo». Según Recio, este protocolo está generando «angustia» entre los trabajadores/ras sociales, puede desahuciar a personas que ya han sido desahuciadas o tienen asignado un piso de emergencia social, una lista colapsada desde hace años. Recio ha subrayado que desconoce qué alternativas de alojamiento ofrecerá el Ayuntamiento a estos ciudadanos.
En su intervención, la teniente de alcaldía de Derechos Sociales del gobierno del PSC ha justificado el nuevo protocolo por el aumento de los costes que los alojamientos temporales suponen para el consistorio año tras año, hasta los 34 millones el año pasado, con 3.000 personas. «Es responsabilidad nuestra gestionar los recursos públicos». Gay ha dicho que el Ayuntamiento se hace cargo a solas de este gasto, sin la ayuda de ninguna otra administración, en referencia clara a la Generalitat, y ha asegurado que no se dejará de atender a estas personas.
