Ultimátum de los Comuns al gobierno de Jaume Collboni para detener el desalojo de tres fincas municipales del barrio de Vallcarca que dejarán a 40 personas en la calle, de las cuales 13 son menores. La presidenta de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha advertido al PSC que su formación no negociará “nada” más si no se detienen los desalojos porque no serán “cómplices” y han acusado al consistorio de actuar como un “fondo de inversión o una entidad financiera” sin “ningún rastro de humanidad”.
“O Collboni detiene los desalojos de Vallcarca inmediatamente o Barcelona en Comú no negociará nada con el Gobierno municipal: ni modificación de crédito, ni ordenanzas fiscales, ni presupuestos, ni planes urbanísticos”, ha amenazado Sanz. “No seremos cómplices del desalojo de 13 menores”.
Los Comuns han vuelto a reclamar a Collboni que abra un proceso de diálogo con los vecinos del barrio, una opción que el PSC ha descartado en más de una ocasión. “No puede actuar como si fuera un fondo de inversión o un banco que no tiene ninguna humanidad porque entonces no es (un gobierno) progresista ni de izquierdas”, ha insistido la presidenta de BComú en el Ayuntamiento.
Sanz ha reclamado a Collboni que asuma las “políticas necesarias para resolver esta problemática” y que “no deje vecinas sin casa”. También le ha recordado que la decisión final es del Ayuntamiento, que tras intentar un desalojo administrativo voluntario, ha anunciado que pedirá una orden judicial para poder enviar a los antidisturbios a ejecutar el desalojo forzoso. “Estamos hablando de suelo público, de casas públicas, y, por tanto, la decisión corresponde al Ayuntamiento”.
El Ayuntamiento dice que no puede hacer nada
El Ayuntamiento asegura que no piensa detener el desalojo de las tres fincas municipales porque están en situación de “infrahabitatge” y hay un “riesgo grave” para sus ocupantes. Además, fuentes municipales recuerdan que “legalmente las tres fincas no admiten ningún uso”, ya que se adquirieron en el año 2015 fruto de una expropiación y están afectadas desde 2002, por lo cual “no se les puede dar ningún uso ni rehabilitarlas”. Según el Ayuntamiento, “la única alternativa respecto a estas fincas era y es derribarlas”. En esta “situación de afectación urbanística, el Ayuntamiento no puede garantizar la seguridad y buen estado de las fincas y evitar riesgos para las personas”.
Los servicios municipales fueron este miércoles a las fincas de la avenida Vallcarca 83 y 87 bis para constatar que continúan ocupadas y que los vecinos que viven allí no quieren marcharse de manera voluntaria. Poco después confirmaron que pedirían el desalojo forzoso. En el caso del antiguo taller mecánico de la calle Farigola, el desalojo está detenido porque un juzgado contencioso-administrativo ha adoptado medidas cautelarísimas y lo ha suspendido, aunque fuentes municipales confirman que recurrirán contra la decisión. El juez ha desestimado las mismas cautelares para el edificio del número 83 de la avenida Vallcarca y de la finca no consta ninguna resolución.
