El exdirector de Comunicación de ERC, Tolo Moya, ha denunciado una clara «carencia de garantías» en el proceso de investigación sobre el caso de los carteles contra los hermanos Maragall y ha criticado que miembros de la Comisión Ética «implicados» sean «arte y parte en un proceso de instrucción que tiene que garantizar la independencia del órgano». Así lo afirma Moya en una comunicación al partido que ha avanzado
De este modo, Moya apunta al gerente y vicesecretario general de Recursos y Finanzas, Jordi Roig, y vicesecretario de imagen, comunicación y estrategia del partido, Oriol Duran, como implicados en el supuesto de que a la vez forman parte de la Comisión Ética, que a la vez depende directamente de la Secretaría General. Además, en su escrito, el exdirector de Comunicación de los republicanos -que es uno de los cuatro miembros de la formación republicana expedientados- se remite en el artículo 352.3 del libro 3.º del Reglamento Interno, que establece que cualquier miembro de la Comisión Ética que esté afectado por un expediente disciplinario «se tiene que abstener de intervenir en la cuestión».
Cambio en la instrucción
Con todo, Moya concluye el escrito reclamante que la instrucción del caso vaya a cargo de la Comisión de Garantías del partido, «un órgano claramente independiente y no por un órgano formado por la dirección nacional del partido». Por su parte, fuentes de ERC han explicado que la Comisión Ética no interviene en el expediente y las propuestas de sanción. Según añaden, el expediente va a cargo del responsable de cumplimiento y después de pasar por la ejecutiva se ha enviado a la Comisión de Garantías.
Por otro lado, el exdirector de Comunicación también comenta que sería una «vulneración de derechos flagrante» que el expediente se diera por cercado este viernes y explica que todavía tiene pendiente de entregar una relación de facturas de la empresa Relvance correspondientes en 2022, 2023 y 2024 justificando de los servicios facturados. «Estamos seguros de que la declaración de mi defendido sale la necesidad de citar nuevos comparecientes al proceso de instrucción», sentencia.