Si ya había AENA o Vueling, así como miembros de las unidades antidisturbios de los Mossos d’Esquadra por alguna contusión a listado de perjudicados de las protestas postsentencia se añade Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB). Así lo acredita la documentación aportada por los Mossos d’Esquadra al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel Garcia Castellón, a las diligencias 85/19 que investiga el Tsunami Democrático.
El jefe de la Comisaría General de Información, el intendente Carles Hernàndez, ha remitido un puñado de atestados y oficios policiales -a los que ha tenido acceso Tot Barcelona- sobre las protestas concentradas el 14 de octubre de 2019 al aeropuerto del Prat, justo el día que fue publicada la sentencia del Primero de Octubre. En este paquete, la policía de la Generalitat ha remitido un atestado de 31 de julio de 2020, donde incorpora el coste que ha computado TMB como «valoración de daños» -a pesar de que admite que no sufrió ningún daño-. En definitiva, la compañía pública de transporte hace un cómputo que califica de lucro cesante, es decir, dinero que dejó de ingresar por billetes que se quedaron sin vender.

«Reducción de ingresos e incremento de gastos»
Según detalla el atestado que firma el entonces caporal 7033, de la Unidad Central de Información de Orden Público, TMB remitió un correo electrónico a la policía sobre la valoración de los daños. A pesar de que TMB informa que «no sufrieron daños materiales», los Mossos d’Esquadra destacan que TMB realizaron una «estimación de la reducción de ingresos y de incremento de gastos».
«La valoración que realizaban de las pérdidas», indican la policía, «ascendían a 2.457 euros, desglosados en 1.045 euros de pérdida de ingresos por validaciones, 1.014 por pérdida de ingresos por billetes sencillos y 398 euros por perllongament de la jornada de los conductores«. Unos números que se han incorporado a las diligencias a pesar de que los Mossos durante su investigación centraron los hechos como desórdenes públicos y nada de terrorismo, como pretende el magistrado instructor de la Audiencia Nacional.