Nuevo giro de guion en el caso de las subvenciones a cuatro entidades afines a los Comuns. Según ha avanzado
Así pues, el tribunal ha instado el juzgado barcelonés que lleva el caso a requerir tanto al Ayuntamiento de Barcelona como a las cuatro entidades implicadas documentación que acredite el destino de estas subvenciones y que permita acreditar que su otorgamiento no supuso un desvío de fondos públicos. La Audiencia de Barcelona insiste en su interlocutoria que diversas de las personas que intervinieron en el proceso investigado tenían vínculos evidentes con las agrupaciones, de forma que también pide citar a declarar como investigada a la interventora municipal para esclarecer el caso.
Un recorrido judicial de cerca de dos años
Hay que recordar que este caso se inició después de que el ATQD presentara una denuncia acusando el consistorio barcelonés de destinar cerca de 80 millones de euros -el 3% del presupuesto municipal de 2022- en subvenciones a varias agrupaciones afines a la ideología de los Comuns. La Fiscalía Anticorrupción estimó la demanda y abrió una investigación sobre el caso sin poder llegar a constatar ninguno de los preceptos penales denunciados. En este sentido, el ministerio público incluso descartó en cierto punto pedir más información sobre estas posibles irregularidades en el Ayuntamiento al considerar que era una demanda “excesiva e innecesaria”.
Con estos indicios sobre la mesa, el Juzgado de Instrucción número 21 decidió archivar la causa en verano del 2022 al constatar que no había ningún argumento en las pruebas documentales ni en el testigo de la interventora del Ayuntamiento que apuntara una posible conducta que se enmarque en ninguno de los delitos penales que desgranaba la entidad querellante en su denuncia.
