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El PSC niega un pacto con Junts para reformar la normativa de pisos turísticos

El ejecutivo encabezado por Jaume Collboni ha querido salir al paso por negar que haya ningún pacto con Junts para reformar el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos (PEUAT). En una publicación a través de las redes sociales, la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha asegurado que la aprobación esta semana de una propuesta de Trias per Barcelona a la Comisión de Urbanismo por permitir la apertura de hoteles singulares que aumenten la oferta turística de “calidad” en el centro de la capital catalana y la regulación de los alquileres turísticos no supondrá una rebaja de las restricciones actuales.

«El gobierno municipal no ha acordado ni con Junts ni con ningún otro grupo la reforma del PEUAT para regular los hogares compartidos o permitir nuevos proyectos hoteleros en Ciutat Vella o en el Eixample», arranca Bonet en referencia a la propuesta acordada a la Comisión. La iniciativa de Junts pretende convertir el planeamiento en una normativa para combatir la masificación y las externalidades negativas que genera el turismo, pero «utilizando de manera inteligente las herramientas a nuestro alcance para que Barcelona se beneficie de la actividad económica que aporta valor añadido y riqueza».

En este sentido, la primera teniente de alcaldía remarca lo siguiente: «Si se revisa el PEUAT será para adaptarlo a la nueva normativa catalana y española y siempre manteniendo las restricciones actuales. El reciente decreto ley del gobierno de la Generalitat nos tiene que permitir regular mejor las viviendas turísticas de la ciudad y reducir el número».

Una abstención decisiva para tumbar la propuesta de los Comuns

Hay que recordar que en esta misma Comisión de Urbanismo celebrada este martes se rechazó una proposición presentada por Barcelona En Comú con el objetivo de pedir la posibilidad de extinguir licencias de pisos turísticos ya otorgadas. La abstención de los socialistas acabó siendo clave para evitar que prosperara esta propuesta de los Comuns, que quería conseguir cerrar hasta 8.000 pisos turísticos en la capital catalana para cumplir con la regulación aprobada por la Generalitat de Cataluña.

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