Para Jaume Collboni, el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas que arrastra la ciudad. En este sentido, el nuevo alcalde ha defendido la ley estatal que regula el alquiler desde el primer día que se aprobó, haciéndola incluso un activo principal de su campaña electoral. Mientras tanto, en Barcelona, el ejecutivo municipal ha puesto a disposición de la Generalitat de Catalunya 27 solares vacíos porque la administración catalana –que es quien tiene las competencias– pueda crear vivienda de protección oficial. Unos solares que podrían cederse a otras entidades sociales si la Generalitat los rechaza, tal como se remarcó en la Comisión de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras, Movilidad y Vivienda del pasado martes.
En esta comisión también se ha marcado un antes y uno después en cuanto a la política de vivienda que seguirá el nuevo gobierno de Barcelona. El PSC ha pactado con TriasxBCN y PP iniciar los trámites para deshacer la medida que obliga a destinar el 30% de pisos nuevos a vivienda asequible. Los socialistas confirman el cambio de opinión y deshacen una normativa que el mismo PSC aprobó en 2018 de la mano de los Comunes, PDeCAT, ERC y CUP. Un cambio que también entra en contradicción con el programa electoral del PSOE para las últimas elecciones estatales, que incorporaba esta misma medida, pero todavía más restrictiva, proponiendo que la reserva para vivienda social del 50%.
Un primer intento fallido y una justificación
El año 2018, Collboni, entonces en la oposición, recriminaba a los Comunes la «carencia de planificación» y que la reserva del 30% llegara tarde «en tiempo y forma». Pero desde entonces, el PSC ha ido virando su postura y en el último plenario del mandato pasado ya solicitó al resto de grupos revocar la reserva del 30%. Solo Junts en aquella ocasión votó a favor. Prácticamente cuatro meses después, el PSC se apoya ahora en el partido liderado por Trias y en el PP para hacer realidad el cambio. Un cambio que Collboni ha defendido asegurando que la medida «no ha funcionado» porque «el promotor privado no la ha comprado y no hace pisos«.
Tanto BComú como ERC han recriminado que Collboni se alinee «con la derecha» para eliminar la reserva del 30%. En todo caso, Collboni se ha defendido de las críticas asegurando que la apuesta por la vivienda de protección oficial «no desaparece». En una entrevista, el jueves en TV3, el alcalde detallaba en que consiste exactamente el cambio: el Ayuntamiento trabaja para poder recaudar, en dinero, el equivalente al 30% de cada nueva construcción para destinarlos, después, a un fondo para construir vivienda de protección oficial en el centro de la ciudad. Ahora bien, en esta misma entrevista, Collboni reconocía que «no hay mucho espacio» en el centro de Barcelona para hacer nuevas viviendas.
El sindicato de vivienda lo interpreta como un movimiento en contra de la vivienda
Lo sindicado de la vivienda cree que la modificación comportará una reducción importante del número de viviendas de protección oficial y que trasladará el grosor de las nuevas promociones al centro de la ciudad. En definitiva, interpreta la regulación aprobada como «una nueva maniobra» en contra de la vivienda en Barcelona.
El sindicato también ha criticado que Junts defienda acordar la modificación con la Asociación de Promotores, la Cámara de la Propiedad, el Colegio de Arquitectos y otros agentes, pero que olvide «causalmente» las entidades y movimientos sociales «que impulsamos la medida, consiguiendo su aprobación el 2018».
