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Polémica por las plazas de la Guardia Urbana que convoca el Ayuntamiento

Un sindicato de la Guardia Urbana de Barcelona denuncia que el gobierno de Jaume Collboni no convoca todas las plazas que puede para aumentar el número de agentes de la policía local. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) asegura que en 2025, el Ayuntamiento solo ofrecerá 74 plazas, cuando en realidad podrían ser 41 más, según los datos facilitados por CSIF al TOT Barcelona. En cambio, y según el mismo sindicato, el consistorio pagó el año pasado más de 11 millones de euros en horas extras del cuerpo policial. «Este dinero de las horas extras sería mejor destinarlo a pagar servicios estructurales, es decir, a ampliar la plantilla, y no a ampliaciones de jornada», dice el portavoz y secretario de Organización del sindicato, Eugenio Zambrano.

CSIF asegura que las 74 plazas que se convocarán serán únicamente para cubrir las bajas de reposición, la gran mayoría por jubilación. La oferta pública no incluiría 23 plazas, pendientes de la convocatoria del curso 2021/2022, y otras 18, que corresponderían a un 25% más de lo que la ley de presupuestos permite por encima del 100% de la reposición, 41 en total.

Collboni y Alcalde han comunicado a la Urbana que
El jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, con Collboni, Batlle y una policía / ACN

Incumplimiento electoral, según CSIF

Según Zambrano, la cifra de unos 3.500 agentes que dice que tiene la Guardia Urbana ya existía en la época preolímpica y ve urgente que la plantilla se incremente, porque los índices demográficos actuales y el número de turistas que visitan la ciudad ahora no son los mismos de hace 30 años. Según la versión del sindicato CSIF, el gobierno de Collboni estaría incumpliendo la promesa electoral de crear 1.000 nuevas plazas de guardias urbanos, ya que solo se estarían cubriendo las bajas.

El TOT Barcelona ha preguntado al servicio de prensa del Ayuntamiento si las plazas que se convocarán el próximo año serán 74 y si quedaban fuera las otras 41, sin que se haya concretado una cifra. Este medio trasladó las mismas preguntas al teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, en un acto en el Port de Barcelona, este jueves, y Batlle se limitó a decir que no se acordaba y que ya facilitarían los datos, sin que al cierre de este artículo se hubiera informado.

Imagen de un agente de la Guardia Urbana durante el desalojo de La Cerrada / ACN
Imagen de un agente de la Guardia Urbana durante el desalojo de La Tancada / ACN

Más de 3.500 policías

En la respuesta que el TOT ha recibido del consistorio, este asegura que durante el mandato pasado se convocaron más de 1.000 plazas, «orientadas a cubrir la reposición, pero también para lograr el incremento de efectivos de la Guardia Urbana, fijado como objetivo del gobierno municipal, hasta llegar a los 3.500 efectivos de plantilla».

Según el Ayuntamiento, este septiembre se incorpora al Instituto de Seguridad Pública (la escuela de policía de Mollet) una nueva promoción de agentes «que hará superar la cifra de 3.500 efectivos fijada». Y añade que, a partir de ahora, las convocatorias serán «para mantener esta plantilla, y más cuando no se ha aprobado este año la ley de presupuestos y se trabaja con una prórroga automática». En septiembre de 2023, el Ayuntamiento dijo que el cuerpo había llegado a su máximo histórico de agentes, más de 3.400.

En una intervención en el pleno de este viernes, 26 de julio, Batlle añadió que el objetivo es llegar a 2027 a los 4.000 efectivos. Ahora bien, dejó claro que será así, “siempre que la legislación presupuestaria y de función pública de aplicación en cada ejercicio lo permita”. En el Consejo Plenario, Batlle tampoco concretó cuántas plazas tiene previsto convocar y recibió los reproches de grupos como Trias per Barcelona por el hecho que nunca da la cifra del aumento neto de agentes que han supuesto las últimas oposiciones convocadas.

Los datos municipales sobre las horas extras de la Guardia Urbana también son diferentes de las facilitadas por CSIF. Según el Ayuntamiento, el presupuesto de horas extras son cuatro millones de euros, «que se destinan a necesidades adicionales del turno por la noche, necesidades adicionales de festivos y sobre todo para cubrir acontecimientos puntuales para los que no está dimensionado el servicio, como por ejemplo una final de una competición deportiva», apuntan desde el servicio de prensa. El sindicato ha dado también cifras de las horas extras pagadas otros años, más allá de 2023, como en 2019, cuando fueron 9,5 millones, y 2024. Durante cuatro meses de este año, se habrían pagado unos 2,8 millones.

Estrés laboral, a la Guardia Urbana

El sindicato asegura que a la plantilla de la Guardia Urbana hay casos del síndrome de Burnout (desgaste profesional o estrés laboral) que podría afectar entre un 10 y un 15% del cuerpo, afirma Zambrano. En diciembre de 2023, el TOT publicó que el 76,7% de las bajas laborales de trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona eran de agentes de la Guardia Urbana.

Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona durante un operativo en una imagen de archivo / Guardia Urbana
Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona durante un operativo, en una imagen de archivo / Guardia Urbana

El portavoz de CSIF sostiene que hay muchos policías «quemados» por la carga de trabajo y las condiciones precarias. Según Zambrano, estos hechos pueden derivar en los meses próximos en un conflicto que haga que haya agentes que no quieran hacer horas extras de servicios estructurales, en plena Copa América de Vela, y se planten. Este hecho, de producirse, no afectaría a los servicios sobrevenidos.

A la falta de efectivos que denuncia el sindicato, hay que añadir, entre otros problemas que afectan a la Guardia Urbana, la necesidad de dotar el cuerpo de más recursos materiales, con armas largas y pistolas Taser -en el pleno de este viernes, Batlle dijo que a finales de la primavera de 2025, el cuerpo ya dispondrá de 22 pistolas Taser-, el poco apoyo que los agentes reciben por parte del gobierno (dice CSIF) y la aprobación de un complemento de productividad muy polémico que, según algunos sindicatos, se aplicará con criterios subjetivos.

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