El nuevo ejecutivo de Jaume Collboni está dando un giro radical a algunas de las políticas y líneas de actuación del gobierno del anterior mandato, donde el PSC era el socio de los Comuns. Si en el área de movilidad y urbanismo en solo cuatro días el nuevo Ayuntamiento ha borrado el rastro del urbanismo táctico en la emblemática calle Pelai, en la carpeta de seguridad ya se aprecian cambios sustanciales. El Plan Endreça es el más evidente. “Barcelona tiene una tradición fuerte y arraigada en el cumplimiento de las normas de convivencia, así lo hacen la mayor parte de los vecinos y las vecinas de esta ciudad. Pero hay un grupo reducido de personas que no respetan el que es colectivo, no valoran los servicios, y por eso nos planteamos un incremento de las sanciones de los actos incívicos”, alertaba hace unos días el alcalde Jaume Collboni. Y así ha sido. La ofensiva se ha hecho evidente con varias comunicaciones de la Guardia Urbana sobre las acciones -decomisos y detenciones- que ha llevado a cabo en el marco de este plan.
«Persecución brutal»
Estas primeras acciones ya han puesto en alerta un colectivo, el de los manteros de Barcelona. Denuncian el retorno de una «persecución brutal» que no sufrían desde antes de la pandemia de la covid que estalló en 2020. Así lo explica a la agencia de noticia ACN el portavoz del Sindicato de Vendedores Ambulantes, Lamino Sarr, que apunta que este verano la policía se ha vuelto «más violenta» y notan más presión de la Guardia Urbana, que los «persigue» y requisa «muchísimos materiales». Sarr apunta que antes de la pandemia ya había esta misma persecución que ahora ha vuelto y lamenta que el gobierno de Jaume Collboni los «criminaliza».
Por su parte, el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, señala que esta «presión» sobre la actividad continuará y afirma que los agentes tienen «indicaciones precisas de combatir la venta ilegal. «En Barcelona no queremos este tipo de negocio», sentencia. Pero el responsable de seguridad del Ayuntamiento niega que haya habido un cambio de rumbo en la política contra los manteros. Asegura que la presión sobre la venta ambulante ha sido continuada desde agosto del 2019: «Estamos en una situación que llevamos conduciendo desde hace cuatro años y los meses de verano se hace más evidente», dice Albert Batlle.
Desde el mes de junio, la Guardia Urbana ha decomisado miles productos destinados a la venta ambulante. A modo de ejemplo, solo un fin de semana la Guardia Urbana decomisó hasta 11.255 productos. Además, este junio se pusieron 6.367 denuncias por el comercio no autorizado de alimentos, bebidas y otros productos, casi la mitad de todas las denuncias interpuestas de enero a junio del 2023, que se elevan a 12.1856.
