Los grupos de la oposición han presionado este martes por la mañana al gobierno de Jaume Collboni por el fraude que, presuntamente, una trabajadora social del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) habría cometido durante años desviando a cuentas bancarias ayudas sociales por valor de unos 400.000 euros. ERC y Vox pidieron que el ejecutivo socialista diera explicaciones en la comisión de Derechos Sociales y Junts per Barcelona presentó una batería de preguntas sobre el caso, tal como avanzó el TOT Barcelona. En la comisión, la concejala de Junts Neus Munté acusó al ejecutivo socialista de falta de transparencia. «Ante unos hechos tan graves, el gobierno debe actuar con la máxima transparencia, rigor y responsabilidad. Creemos que la transparencia no se ha producido».
Junts ha cargado contra el gobierno porque se enteraron de los hechos cuando ya habían salido a la opinión pública y por el hecho de que no ha sido hasta que los grupos han reclamado explicaciones que el gobierno ha convocado, el jueves de esta semana, a los partidos políticos del Ayuntamiento a una reunión del consejo rector extraordinario del Institut Municipal de Serveis Socials -sin la presencia de medios de comunicación- en la cual, teóricamente, les darán más informaciones. En la comisión de Derechos Sociales, pocas novedades ha avanzado el gobierno, justificándose en que el caso está judicializado, ha recordado la teniente de alcaldía de Derechos Sociales Raquel Gil. La concejala del PSC ha insistido en el hecho de que se trata de un caso aislado, «repetido en el tiempo», «que no podemos permitir que ponga en cuestión el sistema de ayudas del Ayuntamiento». El consistorio otorga anualmente unos 15 millones en ayudas.
Una auditoría adicional anual
Para evitar que un caso de fraude como este se repita, el consistorio reforzará los sistemas de control. La comisionada de Acción Social Sònia Fuertes ha dado los detalles en la comisión y entre estos figuran un nuevo modelo de justificación y control de las ayudas pagadas en efectivo, un nuevo procedimiento de archivo de transferencias bancarias, la adecuación de los sistemas informáticos que automatizan la comunicación al sistema de información de la tarjeta social digital, el monitoreo de las ayudas y la utilización de métodos estadísticos y el análisis de datos para mejorar las auditorías. También está previsto hacer una auditoría anual adicional y la separación entre la prescripción facultativa de la trabajadora y la valoración objetiva del pago de la ayuda en la oficina de prestaciones de pago de ayudas sociales y económicas.
En su intervención, la concejala de ERC Eva Baró ha remarcado que no puede haber «ninguna sombra de duda» y es necesario que el gobierno haga un ejercicio de transparencia. Baró ha enfatizado la necesidad de saber cómo se ha detectado el fraude. «A nosotros nos parece importante», ha dicho la edil republicana. Según el gobierno, la detección se produjo en el marco «de una revisión exhaustiva interna», pero la trabajadora que presuntamente habría cometido el fraude ya había hecho algo similar hace una década en el Ayuntamiento de Montmeló, un caso por el cual también fue denunciada, pero del cual aún no hay sentencia judicial. «No es lo mismo tener mecanismos que detectan de oficio situaciones como esta que haya sido una detección fortuita». Baró ha criticado también que la comunicación interadministrativa no funcionó, ya que la trabajadora después de haber cometido un delito en Montmeló fue contratada por el consistorio barcelonés.
COMUNICAT – INTERSINDICAL CSC – AJUNTAMENT DE BARCELONA
— Intersindical Ajuntament de Barcelona (@InterAjBCN) June 6, 2025
Davant el cas de presumpte desviament de fons públics i la resposta institucional pic.twitter.com/5xTDDhXNAy
Hace unos días, la Intersindical del Ayuntamiento de Barcelona explicó a través de las redes sociales que el caso se ha prolongado durante siete años y aseguró que la detección no se había producido por una auditoría interna sino por el aviso de una profesional que conocía los hechos de Montmeló. Es decir, el descubrimiento «no fue fruto de un sistema de control eficaz, sino de la casualidad y la responsabilidad individual de una profesional». «Exigimos verdad, transparencia y asunción de responsabilidades institucionales, así como revisar seriamente los sistemas de control internos», subraya el sindicato. Además, se pregunta cómo se ha podido producir durante todo este tiempo movimientos de dinero público presuntamente a cuentas del entorno de la trabajadora? Y «¿cómo puede ser que ningún control, ni económico ni de dirección, haya hecho saltar las alarmas?».
Los Comunes plantean que el consistorio sea acusación particular
Desde las filas de Barcelona en Comú, la concejala Carolina Recio ha destacado que es necesario ver qué ha fallado y repensar si se pueden incluir más sistemas de control y cómo se están otorgando las ayudas. En opinión de Recio, el consejo rector del IMSS del jueves próximo llega un poco tarde. La edil ecosocialista ha pedido también al gobierno de Collboni que llegue hasta donde sea necesario y que el Ayuntamiento se plantee si debe personarse como acusación particular. Recio también ha puesto sobre la mesa la posibilidad si es necesario resarcir a las personas afectadas.
Como los Comunes, el PP cree que el Ayuntamiento debe personarse como acusación particular, ha valorado el concejal Víctor Martí de Villasante. Según los populares, los sistemas de control y de alerta interadministrativa fallaron por el hecho de que una persona que ya había cometido un delito similar en Montmeló -de unos 60.000 euros, ha dicho- consiguiera volver a trabajar en otro ayuntamiento. El concejal ha definido la situación como «un fracaso técnico y político» y ha exigido que se haga una auditoría externa, que se asuman responsabilidades y activar sistemas de control más estrictos.
El concejal de Vox Liberto Senderos ha calificado el caso «de injustificable» y se ha mostrado decepcionado por la respuesta dada por el gobierno. La formación de ultraderecha no cree que se trate de un caso aislado y ha denunciado que los «protocolos de detección del fraude o no existen o son ineficaces».
La trabajadora cumplía los requisitos cuando fue contratada
La teniente de alcaldía de Derechos Sociales Raquel Gil ha asegurado que el Ayuntamiento llegará tan lejos como sea necesario, pero ha querido dejar claro que se ha actuado con responsabilidad, poniendo a la trabajadora a disposición de la Fiscalía y apartándola de su puesto de trabajo. «Queremos ir mejorando los sistemas de control de todas las ayudas que otorga el Ayuntamiento». Con relación a la contratación de esta persona por parte del consistorio barcelonés, Gil ha recordado que no había sido condenada por los hechos de Montmeló. «Si no ha sido condenada por ningún delito, esto no consta en ningún expediente». Según la concejala socialista, la trabajadora que se presentó a las pruebas para un trabajo de interina cumplía con todos los requisitos y también tuvo que presentar unas declaraciones juradas. «Los requisitos se cumplían, las declaraciones juradas estaban y, por tanto, no había ninguna comunicación previa de lo que podría haber pasado -con relación al delito de Montmeló- si no hay una sentencia firme».
