La gestión que el gobierno de Jaume Collboni está llevando a cabo para incorporar las pistolas Taser a la plantilla de la Guardia Urbana ha generado un conflicto con los sindicatos del cuerpo de la policía local que lleva semanas en el aire. Durante el último pleno, Junts per Barcelona se desmarcó y votó en contra de aprobar el reglamento de uso de esta arma. CSIF, UGT, CCOO y SIP-FEPOL llevan años reclamando que los agentes puedan disponer de las Taser y el grupo municipal que encabeza Jordi Martí Galbis está de acuerdo. Pero el partido independentista critica que el ejecutivo del PSC ha ignorado a los sindicatos. El presidente de Junts en el consistorio pidió al teniente de alcaldía de Seguridad y Prevención, Albert Batlle, que retirara el punto del orden del día, enviara el reglamento de las Taser a los sindicatos y esperara a finales de julio para votarlo, con el compromiso de que Junts le daría apoyo. Batlle se negó y el reglamento fue rechazado con los votos en contra de Junts, Barcelona en Comú y ERC, estos dos últimos bastante más críticos con el uso de las Taser y con el hecho de que el reglamento, si acaba aprobándose tal como está ahora, permitirá disparar contra adolescentes de catorce años.
El secretario de Organización de CSIF, Eugenio Zambrano, se muestra muy contundente con la manera en que el gobierno de Collboni ha elaborado y llevado al pleno el reglamento de las Taser. En conversación con el TOT, asegura que la tramitación hecha por el PSC ha sido “unilateral” y que el contenido del reglamento no se ha tratado con la parte social. El representante del CSIF añade que forzaron la convocatoria de la Junta de Personal del Ayuntamiento (se trata del órgano colegiado de representación de los funcionarios públicos en el cual se abordan temas como las condiciones de trabajo) para que el gobierno diera explicaciones, pero, a pesar de la reunión, no se salió de la misma con ninguna solución. Zambrano, que también es agente de la Guardia Urbana, tilda el posicionamiento de Collboni «de autoritarismo político».
Sin garantías formales ni materiales exigidas por la normativa
Otro sindicato muy descontento es la UGT. «Constatamos que este proceso no ha cumplido con las garantías formales ni materiales exigidas por la normativa, tal como denunciamos mediante la Junta de Personal a inicios de semana. El reglamento [de las Taser] se ha impulsado sin convocar la Mesa General de Negociación ni el Comité de Seguridad y Salud Laboral, a pesar de que el impacto directo sobre las condiciones de trabajo, la salud y la formación obligatoria del personal así lo exige», subraya el responsable de UGT en la Guardia Urbana y agente de la policía local, José Casas.
Desde CSIF, se afirma que hablaron con los grupos municipales para que votaran en contra del reglamento en el pleno del viernes ante la falta de diálogo del gobierno con los sindicatos. Solo Junts les hizo caso, pero fue suficiente para que el reglamento no prosperara, ya que el partido de Martí Galbis tiene 11 concejales. Para Zambrano, el voto contrario de Junts al reglamento «ha sido un apoyo claro a la dignificación de la labor sindical y una apuesta por la elaboración de un reglamento con diálogo social, formación adecuada, garantías jurídicas y cobertura de riesgos».
La iniciativa del gobierno solo recibió el apoyo del PP de Daniel Sirera, mientras que Vox se abstuvo. Por otro lado, Zambrano considera insuficientes los dispositivos de pistolas Taser que se comprarán -22- y sostiene que deberían tenerlas todos los turnos. Y defiende que la formación para su uso debe establecerse con los sindicatos y se les debe informar de los riesgos de su utilización y garantizar la seguridad jurídica de los agentes.
«Espectáculo lamentable de reproches» en el pleno
En su reflexión, el representante de la UGT recuerda que el reglamento introduce un dispositivo con impacto directo en la salud, la seguridad, las condiciones de trabajo, la formación obligatoria y los derechos fundamentales del personal policial, y no se puede tratar como un simple trámite administrativo o una imposición política. «La normativa vigente -la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS)- obliga a consultar y negociar previamente estas decisiones». Además, el sindicato tilda el debate del viernes pasado en el pleno «de espectáculo lamentable de reproches cruzados, bloqueos y oportunismo partidista, que en nada beneficia ni a la ciudadanía ni a los trabajadores de la Guardia Urbana. Lo que debería haber sido un debate serio y riguroso sobre seguridad pública, se ha convertido en un campo de batalla de corta duración».
Reglamento «garantista»
Tal como ya explicó el TOT Barcelona, los Dispositivos Conductores de Energía (DCE), el nombre oficial de las pistolas Taser, que el consistorio adquirirá serán para los mandos de la Unidad de Refuerzo para las Emergencias y la Proximidad (UREP) -los antidisturbios de la Guardia Urbana- y los turnos de noche. Pero el gobierno de Collboni ha dejado la puerta abierta a que se pueda comprar más Taser en el futuro. De hecho, el reglamento prevé hacer “extensible” el arma a toda la plantilla en función «de la valoración realizada en los informes oficiales anuales sobre el uso de los dispositivos». En un encuentro con los medios, Batlle definió el reglamento de las Taser de la Guardia Urbana como el «más garantista» de las policías catalanas. Aunque es muy difícil que los más de 3.500 agentes de la policía local tengan una Taser, el Ayuntamiento sí ve viable que se puedan comprar más DCE en función de las valoraciones que se realicen desde el cuerpo.
Si finalmente, en el pleno de julio se aprobara el reglamento, la Guardia Urbana podría tener las 22 pistolas Taser el verano del 2026. Uno de los puntos más polémicos del reglamento es que podrá disparar contra menores entre 14 y 18 años, en contra de las recomendaciones de Naciones Unidas. Los Mossos d’Esquadra, que ya tienen esta arma, también incorporan este criterio, aunque el reglamento de la policía catalana lo reduce a los 12 años. Otros aspectos que recoge el reglamento rechazado es que las Taser no se podrán utilizar con los detenidos esposados o para hacer uso del arma contra una persona deberá haber una distancia de por medio. Además, se hará una formación específica sobre cómo actuar ante ciudadanos con problemas de salud mental y cada arma que se compre irá emparejada a una cámara, ya que todas las actuaciones se grabarán.
Una arma «potencialmente mortal»
Entidades en defensa de los derechos humanos han alertado sobre los riesgos que conlleva el uso de las Taser. De hecho, ha habido personas que han muerto por la descarga eléctrica de 50.000 voltios (que baja a unos 1.200 voltios cuando los dardos del arma impactan en la persona), como ocurrió en diciembre del 2020 en Badalona en una actuación de los Mossos. Irídia, SOS Racismo y Amnistía Internacional, entre otras, han avisado que las Taser son «potencialmente mortales» y que el uso «podría dar cobertura legal a graves vulneraciones de los derechos humanos«.
