La posición del gobierno municipal respecto a la necesidad de redefinir la normativa del 30%, que obliga a las nuevas promociones de viviendas que se hacen en la ciudad y a las rehabilitaciones integrales de edificios a reservar un 30% de los pisos para usos públicos. La intención del PSC de revisar la normativa ha intensificado la guerra abierta con los Comuns, contrarios a la propuesta. Barcelona «no se puede conformar con 26 pisos protegidos en seis años», ha dicho la primera teniente de alcaldía Laia Bonet en la comisión no permanente de estudio sobre la problemática de la vivienda. Según la regidora, es necesario redefinir la medida del 30% “para tener garantías de su efectividad”.
La crisis del 30% subió de tono la semana pasada cuando se supo que el gobierno del PSC archivó cinco expedientes sancionadores contra promotores por incumplir la reserva del 30%. En la comisión de este lunes, Bonet ha vuelto a hablar del tema y ha asegurado que tres caducaron las primeras semanas del mes de junio de 2023, cuando aún gobernaba Ada Colau: “El proceso sigue vivo y la prueba es que hay una sentencia favorable al Ayuntamiento y que ahora abordamos un procedimiento sancionador que va de los 90.000 a los 900.000 euros”, ha indicado.
El PSC dejó las multas en un cajón, según los Comuns
El debate sobre el 30% ha supuesto un nuevo tira y afloja entre el PSC y los Comuns. Para Janet Sanz, presidenta de Barcelona en Comú, en el Ayuntamiento «hablar de vivienda es hablar del 30%». “Es una medida imprescindible que está defendiendo la ciudadanía y las entidades y no podemos desprestigiarla”, ha valorado. Ha criticado que el ejecutivo del PSC haya “perdonado multas” y ha exigido a Bonet que “deje de esconderse bajo informes jurídicos y técnicos de la casa, que sea honesta y diga quién dio la orden de modificar estas sanciones y dejarlas en un cajón”.
Por otro lado, Bonet ha defendido la necesidad de que en un futuro es necesario hacer «un salto de escala» para doblar la producción de pisos protegidos en los próximos años y pasar de 500 a 1.000 anuales. Barcelona, actualmente, dispone de 15.971 viviendas protegidas, una cifra “totalmente insuficiente”. Bonet ha dicho que el gobierno municipal está trabajando en un plan calendarizado que permita doblar la producción de estos inmuebles. La intención del gobierno de Jaume Collboni es construir 4.000 pisos en un mandato.
Junts pide involucrar al sector privado
En este sentido, la regidora de Junts per Barcelona Carme Lleó ha defendido la necesidad de escuchar también al sector privado porque si no «entraremos en un escenario sin soluciones y de no retorno en materia de vivienda». Junts ha reclamado reducir la inseguridad jurídica y simplificar la burocracia para reactivar la generación de oferta
