Tot Barcelona | Notícies i Informació d'actualitat a Barcelona
L’advocat de la defensa califica de «castigo político» el encarcelamiento de los huelguistas del 11-N
  • Badalona–
  • L'Hospitalet de Llobregat–
  • Santa Coloma de Gramenet–
  • Cornellà de Llobregat–
  • Sant Boi de Llobregat–
  • Sant Cugat del Vallès–
  • Esplugues de Llobregat–

«La imposición de la prisión es un castigo que responde más a posiciones de carácter político que no jurídico, apuntando al clima de criminalización de la protesta que se ha alimentado por parte de algunos políticos, como los del PSC, en las últimas semanas». Este es el análisis del abogado de Alerta Solidària, Eduardo Cáliz, sobre los tres jóvenes de Sant Martí, huelguistas vinculados al distrito de Sant Martí, desde la Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña (COSHAC), que llevan una semana en prisión provisional.

En una rueda de prensa esta mañana frente a la sede del PSC, Cáliz ha recordado el balance represivo de la huelga general del 11-N, con 67 detenciones -61 el mismo día de la Huelga-, y cuatro encarcelamientos -los tres de Barcelona más uno en Castelló-. Los tres huelguistas de Sant Martí están sometidos a un procedimiento penal que apenas comienza, y donde hay seis personas investigadas, por delitos de desórdenes públicos, daños agravados en incendio y atentado contra agente de la autoridad.

En este contexto, el letrado denuncia que la prisión preventiva acordada no es ajustada a derecho dado que no se cumplen los requisitos establecidos por la normativa y la jurisprudencia. Así, a criterio del abogado, el magistrado que acuerda la prisión «anticipa una penalidad elevada por unos delitos aún no juzgados y en los que hay numerosas contradicciones entre los informes policiales y la misma interlocutoria de prisión». El magistrado justifica la prisión por el riesgo de fuga y la reiteración delictiva pero los encarcelados, tal y como insiste la defensa, son personas arraigadas, sin antecedentes, con trabajos y familias.

disturbios, vandalismo mobiliario urbano
Disturbios en el centro de Barcelona al final de la huelga del 11-N / Jordi Play

No hay riesgo de fuga

En resumen, el abogado afirma que no hay ningún elemento que justifique un peligro de fuga, ni un peligro de reiteración, ni tampoco la gravedad de los hechos o delitos que el magistrado da por acreditados. «La medida de prisión es excepcional y al imponerla a tres de los huelguistas detenidos se comete un acto arbitrario, ilógico si se comparan otras causas iniciadas el día de la huelga y que han comportado en la mayoría de casos libertades sin medidas cautelares». «Es una medida política», ha subrayado.

«La imposición de la prisión es un castigo que responde más a posiciones de carácter político que no jurídico, apuntando al clima de criminalización de la protesta que se ha alimentado por parte de algunos políticos, como los del PSC, en las últimas semanas», ha añadido. El abogado de Alerta Solidària ha anunciado que ya han interpuesto un recurso de apelación contra las órdenes de prisión que deberá resolver la Audiencia de Barcelona.

Por otra parte, la portavoz de la COSHAC, Marta Espriu, ha mostrado su solidaridad con los huelguistas barceloneses y ha denunciado el papel del Gobierno del PSC, cuando al día siguiente del 11-N Salvador Illa, Núria Parlon y Jaume Collboni salieron «con un mismo discurso criminalizador de la protesta y justificando las medidas represivas».

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa